Ayer, el Congreso rechazó el Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, conocido como 'decreto de lobbies'.

Este decreto ley había sido aprobado por el Gobierno en agosto. Por lo que, al votar en contra la mayoría del Congreso, fue derogado.

La intención del Ejecutivo era crear un registro público y obligatorio de los 'lobbies' o grupos de interés que tratan de influenciar a los distintos niveles de la Administración.

El Ejecutivo también pretendía conocer con transparencia quiénes son esos grupos de interés; a quién representan; sus actividades de influencia; determinadas reuniones y contactos con responsables públicos; y establecer obligaciones y sanciones para quienes incumplieran las reglas.

Sin embargo, el Gobierno no consiguió reunir los apoyos parlamentarios necesarios porque hubo 179 votos en contra (PP, Vox, Junts y UPN) frente a 155 a favor (PSOE, Sumar, ERC y Bildu) y 12 abstenciones (PNV, Podemos y tres diputados de Sumar).

Los argumentos en contra se centraron sobre todo en las cuestiones procedimentales a las que había recurrido el Gobierno, como la utilización de un real decreto-ley cuando ya existe un proyecto de ley sobre lobbies en tramitación parlamentaria, que permite introducir enmiendas y buscar una mayoría, en lugar de sustituir ese procedimiento por un decreto-ley que el Congreso solo puede aprobar o rechazar en bloque.

Ese proyecto de ley lleva tramitándose desde enero de 2025, fue presentado, por el Gobierno socialista y ya se habían incorporado muchas enmiendas de los grupos. Sin embargo, en vez de continuar con la tramitación parlamentaria, el Ejecutivo aprobó el 25 de agosto de 2026 el citado Real Decreto-ley 21/2026 sobre transparencia e integridad, con la excusa de que tenía que cumplir con una exigencia de Bruselas en un plazo (el Gobierno asegura que la entrada en vigor de esta regulación está vinculada al desembolso de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

Pero las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Así lo expresó Miguel Tellado: «El PP sí está a favor de regular los lobbies, pero no va a dar carta blanca al Gobierno para saltarse el Parlamento a la torera». Por parte de Vox, Emilio del Valle criticó que se recurriera al decreto-ley mientras se estaba tramitando una ley, calificándolo de «atentado a la separación de poderes».