Lo que está en discusión en España no es el cargo de fiscal general del Estado sino quién lo ocupa: Dolores Delgado, una socialista especialmente sectaria
Ya contamos en Hispanidad, el jaleo que montó en Madrid, hace poco más de un mes, la comisaria Vera Jourova, cuando le dio la razón al Partido Popular en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aún pendiente de solución: en efecto, a los jueces no deben elegirlos los diputados sino los jueces.
Y todo ello mientras arreciaba la campaña del Gobierno Sánchez acusando al PP de no cumplir la Constitución. Es verdad que lo que se discute no es la Constitución sino la ecuanimidad de los hombres que proponen PSOE y PP, sobre todo el PSOE, que se empeña en colocar al juez que convirtió una de los episodios de Gürtel en una cuestión nacional anti-PP.
En cualquier caso, el PP asegura estar dispuesto a renovar el máximo órgano judicial si se aprovecha la renovación para modificar el sistema de nombramiento, precisamente en la línea que indica Bruselas: que sean los jueces los que elijan a los jueces.
Pues bien, en pleno Debate sobre el Estado de la Nación, el asunto ha surgido de nuevo. La Comisión Europea también le otorga la razón al PP en esa línea. Que sí, que renueven, pero el principal problema es que cambie el sistema y que una justicia independiente no puede salir de los partidos políticos.
También asegura Bruselas que la Fiscalía general del Estado no puede estar ligada al Gobierno. Lo cierto es que en Estados Unidos el fiscal general es el mismísimo ministro de Justicia. Ahora bien, no es lo habitual en Europa y, en cualquier caso, lo que está en discusión en España no es el cargo de fiscal general del Estado sino quién lo ocupa: Dolores Delgado, una socialista especialmente sectaria.