Como recogió ayer Hispanidad, el Tribunal Constitucional avaló por seis votos a favor (los de los magistrados sanchistas) frente a 4 en contra (los de los no alineados al sanchismo) la ley de Amnistía a los delincuentes del 'procés', que fue aprobada por Pedro Sánchez para conseguir los 7 votos de Junts para poder ser investido presidente, cuando 24 horas antes de las elecciones de julio de 2023 el propio Sánchez había declarado que una norma así "no entra en la Constitución española". 

Este post en la red social X resume perfectamente el antes y el después de Sánchez respecto a la ley de Amnistía. No se puede ser más sinvergüenza:

Estos son los nombres de los seis magistrados del TC que se han cargado la igualdad ante la ley de todos los españoles y que serán recordados por haber escrito una de las páginas más nefastas de nuestra historia, recuérdenlos: Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, María Luisa Balaguer y Laura Díez. 

Es interesante recoger algunos de los fundamentos de los cuatro votos discrepantes de esta sentencia. Así, por ejemplo, el magistrado César Tolosa la califica como «un auténtico terremoto para los pilares estructurales sobre los que se asienta el orden constitucional de 1978». Esta sentencia «debilita el orden constitucional y cimenta un precedente muy preocupante que mucho me temo va a servir de aliento a nuevos intentos de subversión del marco constitucional». Sostiene que con el aval a la amnistía se ha producido «la claudicación del tribunal», que pasa «de garante constitucional a notario del legislador». Además, denuncia que el Pleno estaba «irregularmente constituido» por la indebida recusación del magistrado José María Macías, una decisión que se tomó «vulnerando el principio de contradicción» y «sin cobertura legal».

Por su parte, el magistrado Enrique Arnaldo destaca: «No comparto ninguno de los argumentos ni, por supuesto, el fallo, de la sentencia recaída en el presente recurso de inconstitucionalidad». Considera que la ley de Amnistía «es inconstitucional en su conjunto, y lo es con toda evidencia para cualquier juez de la constitucionalidad». «La ley no responde a la voluntad popular ni al interés común o general» sino que «responde en realidad al particular –y por muchas razones censurable– interés del intercambio de votos por impunidad». Afirma que con esta sentencia el Tribunal Constitucional «se erige en una suerte de poder constituyente que reescribe a su gusto la Constitución, olvidando que es el guardián de esta, no su propietario». De este modo, la corte de garantías «deja de ser el garante de la primacía de la Constitución para convertirse en un actor político más, que hace decir a la Constitución lo que a la mayoría coyuntural del Tribunal le place».

De su lado, la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Concepción Espejel argumenta que la Ley de Amnistía representa «la mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente». Se trata de «la más injusta de cuantas leyes han sido sometidas al escrutinio de este tribunal», una ley «contraria al ideal de justicia» y que resulta además «arbitraria, discriminatoria y fruto de un pacto político para obtener la investidura». Añade que esta sentencia puede originar «un régimen jurídico excepcional, paralelo al marco constitucional común» y dirigido a «un conjunto selecto de privilegiados» eximidos de cumplir la ley, incurriendo así en «una flagrante violación del mandato constitucional de igualdad en la aplicación de la ley». Y que «puede contribuir a minar la confianza ciudadana en las instituciones». También confiesa su «impotencia» por «no haber logrado convencer» a sus compañeros.

Mientras que el juez del TC Ricardo Enríquez tiene muy claro que «el fin de la ley era obtener a cualquier precio el apoyo de Junts a la investidura», una norma que supone «uno de los mayores desafíos, sino el que más, planteado por una ley a nuestro Estado de Derecho en estos cuarenta años de democracia». Y frente a ese desafío, se queja, la respuesta que ofrece la sentencia «no está a la altura de lo que tanto la comunidad jurídica como la sociedad en general, nos demandaba». Y no lo está, explica, al aceptar «para todo y sin fisuras el relato de un preámbulo que, bien puede tener cabida en un mundo paralelo al nuestro, pero desde luego no en el que vivimos». Y añade que, «tras esta sentencia, el Tribunal Constitucional queda fuera del sistema judicial europeo», llamándole la atención que «nada ocurre si el Tribunal Constitucional declara constitucional una ley y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declara inaplicable». 

Volviendo a las reacciones, en España siguen produciéndose, dada la importancia política de lo ocurrido ayer.

Así, por ejemplo, un socialista histórico como Nicolás Redondo ha calificado en una carta la sentencia de ayer como "un día negro" para nuestro Estado de Derecho:

La Fundación Neos reaccionaba así:

Por la parte independentista, el delincuente (porque fue condenado) de Junts, Jordi Turull --indultado por Sánchez de los delitos de rebelión, malversación y sedición--, opinaba que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena debería levantar "hoy mismo" la orden de búsqueda y captura en territorio nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. 

De la misma opinión es el abogado de Puchi, Gonzalo Boye: "La ley ha sido declarada constitucional y ahora hay que pasar a la siguiente fase, que es terminar de ejecutar la aplicación de la ley en los distintos tribunales".

Para el PP, en boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo: 

Vox, por su parte, da un paso más allá y carga contra el PP por haber pactado la actual composición del TC: