La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha formalizado su incorporación oficial al Frente Cívico por la Calidad Democrática, uniendo su voz a la de las entidades civiles fundadoras de la coalición nacional: la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Alianza por la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal y la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia.

Con esta adhesión, las organizaciones denuncian de forma coordinada el "uso desproporcionado y sistemático" de las prórrogas semanales de enmiendas en la Mesa del Congreso de los Diputados. Una estrategia procedimental que, a juicio de las entidades, mantiene congelado el debate de asuntos críticos que afectan a los derechos más fundamentales de la ciudadanía y a la supervivencia de múltiples sectores vulnerables.

El colectivo denuncia el "secuestro parlamentario" de dos medidas urgentes contra la ocupación ilegal tras acumularse un total de 139 prórrogas que congelan su debate. En concreto señala la parálisis de Armengol de la ley antiocupas aprobada en el Senado (PP) y la proposición de ley de principios de 2025 (Junts), cuyos plazos de enmiendas han sido programados de antemano para continuar bloqueados hasta septiembre de 2026:

  • La Ley Antiocupas procedente del Senado (No Exp: 124/000003): esta Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios impulsada por el PP y aprobada por la Cámara Alta, lleva 2 años y 6 meses (30 meses) atrapada en una renovación continua desde el 12 de marzo de 2024. Acumula ya 91 prórrogas consecutivas.
  •  La Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles (No Exp: 122/000150): esta Proposición de Ley Orgánica, registrada en enero de 2025 por Junts, busca dar una respuesta real a los propietarios frente a los desahucios dilatados y los problemas de comunidades. Suma ya 1 año y 4 meses (16 meses) congelada en la Mesa desde el 22 de abril de 2025, acumulando 48 prórrogas programadas.

"Este bloqueo continuado constituye una vulneración del derecho a la representación política efectiva consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española", señala Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación.

"Mientras las herramientas de la Mesa del Congreso se instrumentalizan de forma partidista como un veto político, cientos de familias, indefensos propietarios, vecinos convivientes con mafias ocupas, autónomos y trabajadores sufren una total desprotección y una intolerable inseguridad jurídica frente a la ocupación e inquiocupación", añade el portavoz en sintonía con el Frente Cívico.

Al amparo de la coalición civil, el Frente Cívico y la Plataforma exige a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja "el acatamiento estricto de la doctrina de obligado cumplimiento dictada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia STC 32/2026. Dicha resolución judicial prohíbe explícitamente la parálisis reiterada e inmotivada de las leyes, anteponiendo el derecho al debate parlamentario regular y la atención a las demandas de los ciudadanos damnificados".