El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos frente a 167 en contra.

El texto ha contado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe. En contra han estado PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que en su caso alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas, mientras que el BNG se ha abstenido, aunque también ha criticado la invasión de competencias. 

El PNV, el PDeCAT y Junts consideran que la norma vulnera la Constitución, en una rueda de prensa conjunta en el Congreso, los portavoces han explicado que el texto infiere en políticas que son exclusivas de las comunidades autónomas. Aitor Esteban, del PNV, ha defendido el "autogobierno" de las CCAA, además cree que la norma tampoco servirá para dar una solución a frenar el precio de los alquileres. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha expresado su rechazo a la norma por la invasión competencial y por no resolver "el gran problema de la vivienda", no ofrecer "seguridad jurídica" y no garantizar "una vivienda digna".

Del PDeCAT, Ferran Bel ha llegado a decir que muchos artículos de la ley "no tienen ningún sentido". Ha denunciado que PSOE y Podemos que están "absolutamente fracasados" en algunas comunidades van a poder intervenir el mercado de vivienda "a través de lo que se apruebe en el Congreso". Mireia Vehí, de la CUP ha asegurado que la ley es el "caballo de Troya del PSOE" para que el mercado continúe gobernando la vivienda, porque tampoco corrige el acaparamiento de propiedades e implica una invasión de competencias. 

Esta nueva Ley de Vivienda impondrá límites a la subida del precio del alquiler en toda España, rebajará la figura de gran tenedor a cinco inmuebles e impedirá a los propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo, con una serie de medidas que difilcultará el deshaucio de vulnerables, por ejemplo, no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

Ahora la ley pasará al Senado, cacelerando su tramitación para que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y es que Sánchez ha convertido la vivienda en uno de los pilares de la campaña. 

Para defender el texto, ha comparecido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha asegurado que el objetivo es "fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda", además ha recalcacado que "Han sido tres años de escucha atenta a los ciudadanos, a los sectores implicados, al mundo académico y empresarial y a los grupos parlamentarios", afirmación que no ha gustado a los afectados por la okupación. 

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también ha salido a hablar sobre esta ley que Podemos se atribuye y ha asegurado que se ha tardado tanto en hacer una Ley de Vivienda porque siempre ha sido el "gran negocio español y fuente de especulación" y ahora se le pone "coto a la especulación".

Aunque Ione defiende que Podemos es quien impulsa la ley, Pedro Sánchez no quiere quedarse sin el mérito y ha agradecido a los grupos parlamentarios su apoyo a la ley que supone "uno de los principales hitos de la legislatura y de la democracia" ya que España "lleva más de 40 años sin una ley estatal de vivienda que pusiera los instrumentos" para resolver uno de los principales problemas de los ciudadanos. En su rueda de prensa-mitin ha subrayado que esta ley supone dar cumplimiento al mandato de la Constitución que cita la vivienda como un derecho y no como el "problema que es hoy", porque la vivienda tiene que ser "un derecho" y "no un bien de lujo". 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado de nuevo la Ley y ha acusado a Pedro Sánchez de "engañar a la gente" y "claudicar" ante el "populismo y el independentismo" y ha asegurado que supone una "intervención en los precios" y puede "facilitar la ocupación" ilegal de viviendas, y no le falta razón.