Lo decíamos ayer mismo con dos noticias que se entienden mejor juntas. Un trabajador recibe solo 46 euros de cada 100 que paga la empresa... los otros 54 euros se los queda el Gobierno, al sumar cotizaciones y otros impuestos.
¿Lo peor? Esos impuestos, además de ser un lastre para la creación del empleo, no cubren el coste de las pensiones.
¿Solución? Cargarse las cotizaciones sociales, sustituirlas por IVA, retrasar la edad de jubilación y fomentar la natalidad.
Ahora no lo decimos nosotros, sino la OCDE, que recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales. En su informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.
Para España las recomendaciones, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).
Los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en concreto las «elevadas» cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, de esta forma, pierden el aliciente para mantenerse en actividad. Además, cargan contra España por las execiones del IVA y los tipos reducidos.
Su propuesta: "impuestos menos distorsionadores" como el IVA o los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.
