• La presión del colectivo LGTBI sobre  partidos, empresas y personas va en aumento.
  • Además, el presunto acosado se convierte en acosador judicial, gracias al artículo 510 del Código Penal.
  • Si te acusan de homófobo puedes pasar cuatro años en prisión.
  • Y quien se oponga a la ideología de género, se sitúa fuera de la ley.
El Corte Inglés no ha resistido la presión del lobby LGTBI (nos costó interpretar la T y la B, y ahora estamos con la I), es decir, la presión del lobby homosexual. El lobby comenzó exigiendo que retirara libros que consideraba homófobos y, cuando lo consiguió, inició su interminable nota de inacabables reivindicaciones. Ya sabes: si cedes una sola vez ante un lobby una vez cederás cien. Luego vino la cuota gay en el plan de Igualdad. Y ahora tenemos al buque insignia de la distribución española patrocinando cualquier tipo de actividad gay, para que no se diga. Verbigracia, el rugby gay. Y todo esto es bello e instructivo, porque la presión del colectivo LGTBI sobre  partidos, empresas y personas va en aumento, también en materia de libertad de expresión. En España, con el artículo de los delitos de odio (510 del código Penal) el lobby gay ha alcanzado su mayor cuota de poder. Y además, sus arremetidas se las paga el Estado, lo que resulta especialmente interesante. O sea, hemos conseguido que el presunto acosado, el mundo homosexual, se convierta en acosador judicial, gracias a dicho artículo 510 del código penal, que se sitúa en la frontera misma del crimen de pensamiento. Es decir, si te acusan de homofobia tienes que demostrar tú, el acusado, que no odias a los homosexuales. Y más vale que lo hagas porque te pueden caer hasta cuatro años de cárcel, según la norma de Zapatero ampliada por el PP de Rajoy. Y quien se oponga a la ideología de género, se sitúa fuera de la ley. Eulogio López eulogio@hispanidad.com