Sr. Director:
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere tener aprobada antes del verano la llamada Ley Celaá, la octava reforma educativa en 40 años. La buena noticia es que el Ejecutivo sitúe la educación entre sus máximas prioridades. La mala, que intente imponer una ley de corte ideológico y sin consenso que acabe derogando la próxima mayoría parlamentaria. No parece muy apropiada la estrategia de buscar la confrontación social y política cuando existe además un amplio espacio de acuerdo sobre el que se estaba construyendo el Pacto Educativo, hasta que el PSOE decidió dinamitarlo en marzo de 2018.
