El Informe encargado por el Congreso al Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia se ha convertido en un calculado instrumento de propaganda anticatólica. Muchos medios de comunicación han sustituido interesadamente las cifras reales del informe por las de una encuesta, han extrapolado los datos, y han construido un relato a la medida de sus prejuicios. La situación no puede ser más triste y vergonzante, porque ha vuelto a demostrar hasta qué punto a algunos poco les importan los medios con tal de conseguir el fin que persiguen. En primer lugar, el encargo del Informe, centrado solo en la Iglesia católica, hubiera sido impensable siquiera plantearlo, si hubiera puesto la lupa exclusivamente sobre cualquier otro colectivo. Y muestra también la relevancia sin igual que esos mismos le conceden a una institución como la Iglesia que, una y otra vez aparece, instrumentalizada por el poder político cuando se trata de radicalizar a los propios, rascar unos cuantos votos, o distraer la atención de la opinión pública. Aún así, la realidad es tozuda y los datos, por mucho que se quieran falsear, arrojan 487 casos verificados por la Unidad de Atención a las Víctimas. La cifra de 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia es el resultado de inferir ese dato de una encuesta a ocho mil personas, algo que es contrario a cualquier metodología científica seria y que carece de todo fundamento.