Sr. Director:

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la amnistía a los promotores del golpe de Estado en Cataluña, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y apoyada en el Congreso por socialistas, comunistas, partidos vinculados al terrorismo y los propios responsables del golpe, constituye uno de los episodios más graves y polémicos de la historia democrática española. No sólo por el alcance de la medida —una amnistía general para quienes atentaron contra la unidad nacional y el orden constitucional, incurriendo en delitos como rebelión, traición, malversación, desórdenes públicos y otros ilícitos— sino por el debate de fondo que suscita sobre los límites del poder, el sentido de la justicia, la legitimidad moral de las decisiones políticas y la responsabilidad de los partidos que han hecho posible este desenlace.

El papel determinante y la responsabilidad histórica del Partido Popular

1. La complicidad en la composición del Tribunal Constitucional

La sentencia que avala la amnistía no hubiera sido posible sin el pacto entre PSOE y PP para repartirse los puestos del alto tribunal, un acuerdo que Feijóo podía haber impedido y que, sin embargo, aceptó. Este pacto se inscribe en la dinámica de reparto de cuotas entre los dos grandes partidos en órgano clave del poder judicial, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a su vez nombra a los jueces del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las diversas regiones españolas, etc.

La consecuencia directa de este reparto es la politización del TC y del sistema judicial, que deja de ser una garantía imparcial de la Constitución para convertirse en un instrumento al servicio de los intereses de los partidos que lo controlan. Así, la mayoría progresista que ha avalado la amnistía es fruto de un acuerdo político entre PSOE y PP, en el que ambos han antepuesto sus intereses a la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial.

2. La inacción del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy

El Partido Popular, con una mayoría absoluta aplastante en el Congreso y el Senado tras las elecciones de 2011, tenía en sus manos la oportunidad histórica de abordar una reforma profunda de la administración de justicia, tal como había prometido en campaña electoral. Sin embargo, incumplió esa promesa —como casi la totalidad de su programa de gobierno— y no hizo nada por despolitizar la justicia ni por reforzar el Estado de Derecho.

Durante el golpe de Estado en Cataluña en 2017, el gobierno de Rajoy optó por una respuesta tibia y el recurso a la palabrería ya la retórica vacía… recurrió a una suspensión limitada del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sin recentralizar competencias clave como la enseñanza, la sanidad o la justicia, ni intervenir los medios de comunicación autonómicos que continuaron adoctrinando y llamando a la insurrección. Permitió que la televisión catalana siguiera aleccionando, adoctrinando y llamando a la rebelión; consintió que el vandalismo y la guerrilla urbana reprodujeran episodios históricos de caos y destrucción en Barcelona y otras ciudades catalanas, con la toma de infraestructuras estratégicas como aeropuertos, vías férreas y carreteras, y la destrucción de propiedad privada y mobiliario urbano por parte de los golpistas durante semanas.

El principal cabecilla del golpe, Carles Puigdemont, pudo huir al extranjero y, ocho años después, sigue prófugo de la justicia española, habiéndose convertido en el principal sostén parlamentario del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Rajoy no sólo no ilegalizó a los responsables del golpe, sino que permitió la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, sabiendo que los golpistas, envalentonados, volverían a obtener apoyo suficiente para formar gobierno.

3. El PP y su relación con el separatismo y el entorno filoterrorista

El Partido Popular, lejos de frenar el separatismo, ha colaborado con él, lo ha financiado y le ha abierto la puerta para que entre en las instituciones. Nunca ha impulsado una política decidida para cortar la influencia de los herederos del terrorismo vasco en la vida pública española, ni para impedir que el separatismo catalán se convierta en un actor clave en la gobernabilidad del país.

En definitiva, todo lo que España y los españoles están sufriendo en la actualidad es responsabilidad, en última instancia, del Partido Popular, ahora presidido por un padrinado de Rajoy, gallego como él, y socialdemócrata, feminista degenerado y cómplice del separatismo como él.

La amnistía: contexto político y jurídico

La Ley de Amnistía fue concebida tras las elecciones generales de 2023, en un contexto de fragmentación parlamentaria y con la necesidad del PSOE de contar con el apoyo de los promotores del golpe de Estado en Cataluña para formar gobierno. Su objetivo declarado fue «olvidar las consecuencias jurídicas y administrativas de todo lo ocurrido en el procés», incluyendo delitos gravísimos que pusieron en jaque la unidad nacional y el orden constitucional.

El fallo del Tribunal Constitucional: división y politización

El TC, con una mayoría progresista —fruto del pacto PSOE-PP—, rechazó el recurso presentado por el Partido Popular y avaló la constitucionalidad de la ley. La ponencia, defendida por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, fue duramente contestada por los magistrados conservadores, quienes denunciaron la politización del tribunal y la instrumentalización de la justicia al servicio del poder.

Argumentos a favor de la amnistía

El PNV y otros defienden que los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito político y no judicializarse, considerando la amnistía como un instrumento legítimo de reconciliación y normalización institucional.

Argumentos en contra: corrupción, desigualdad y erosión institucional

Ppr el contrario, los críticos sostienen que la amnistía supone una ruptura del principio de igualdad ante la ley, favoreciendo a un grupo concreto por motivos políticos y minando la confianza en las instituciones. El PP de Madrid ha denunciado que el aval del TC a la amnistía «da luz verde a que se puedan comprar votos de diputados del Congreso a cambio de impunidad para cometer delitos», calificando la situación como «la peor de las corrupciones».

Una vez llegados hasta aquí, surgen inevitablemente algunas preguntas:

¿Han hecho los promotores del golpe de Estado en Cataluña alguna reparación a sus víctimas —la sociedad española, el Estado de Derecho, los ciudadanos perjudicados por sus actos—?
No. No existe constancia de ningún acto de reparación material, moral o simbólica a las víctimas, ni a la sociedad española en su conjunto, ni a los ciudadanos concretamente perjudicados por los actos de rebelión, malversación, desórdenes públicos, vandalismo, destrucción de infraestructuras y propiedades, ni a los funcionarios y fuerzas de seguridad agredidos o amenazados durante los hechos.

¿Han mostrado arrepentimiento, han reconocido la gravedad de sus delitos, han renunciado explícitamente a repetirlos?
No. Al contrario, los principales responsables del golpe de Estado han reivindicado su conducta, han celebrado la amnistía como una victoria política y han anunciado su intención de persistir en sus objetivos de ruptura, tal como han declarado públicamente dirigentes como Jordi Turull y Oriol Junqueras.

¿Se ha producido, siquiera, un compromiso público de respeto a la legalidad ya la convivencia democrática?
No. No sólo no hay compromiso de respeto a la legalidad, sino que los beneficiarios por la amnistía insisten en que su objetivo sigue siendo la independencia y la ruptura de la nación española, y exigen la aplicación inmediata de la amnistía a todos los delitos cometidos en el contexto del golpe.

La perspectiva de Ayn Rand: justicia, perdón y misericordia

Tras analizar la sentencia y las reacciones a la misma, pensó que la mejor opción es pasar la situación por la criva, por el filtro de las ideas la filósofa objetivista, Ayn Rand, sobre la justicia que sin duda aportan una luz esclarecedora al análisis de la amnistía. Para Rand, la justicia es la virtud de juzgar a los hombres objetivamente y concederles lo que merecen. El perdón legítimo no es un acto automático ni una concesión inmerecida: exige reparación, reconocimiento del daño causado, arrepentimiento genuino y una transformación verificable del carácter del culpable. Sólo así el perdón es justo y moralmente válido. De lo contrario, perdonar sin causa —o por simple compasión— es, en realidad, una traición a la justicia y una invitación a la reincidencia.

Consecuencias prácticas: refuerzo del vicio y desmoralización social

La sentencia del TC ha provocado aún una mayor crispación, confrontación y fanatismo en el clima político. Los promotores del golpe de Estado en Cataluña celebran la decisión como una «victoria arrancada contra la voluntad de muchos», mientras otros, incluso dentro del PSOE, manifiestan dudas y preocupación por las consecuencias a largo plazo para la convivencia y la estabilidad institucional.

La amnistía como ruptura del pacto social

El pacto social democrático se basa en la igualdad ante la ley, la responsabilidad individual y la garantía de que nadie está por encima del ordenamiento jurídico. La amnistía a los promotores del golpe de Estado, sin reparación ni arrepentimiento, rompe este pacto y convierte la justicia en un instrumento al servicio de intereses particulares.

Conclusión

La sentencia del Tribunal Constitucional que avala la amnistía a los promotores del golpe de Estado en Cataluña marca un antes y un después en la historia constitucional española. Si bien se presenta como un intento de cerrar un ciclo de confrontación política, su aprobación ha dejado profundas heridas en el tejido institucional y social, reabriendo debates sobre la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la legitimidad de los mecanismos de reconciliación política.

La doctrina de Ayn Rand sobre la justicia pone de aliviar la gravedad de la amnistía si se concede sin reparación, sin arrepentimiento y por motivos exclusivamente políticos. Según Rand, esto no es justicia, sino una forma de corrupción moral e institucional: se premia al culpable y se desmoraliza a la víctima, se erosiona la confianza en la ley y en las instituciones y se envía el mensaje de que el poder político puede estar por encima de la justicia.

Nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad del Partido Popular, que, al pactar el reparto del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE, ha renunciado a defender la independencia judicial y ha facilitado la politización de las instituciones. Pero tampoco debe olvidarse la responsabilidad histórica del PP durante el mandato de Mariano Rajoy, cuya inacción y permisividad ante el golpe de Estado en Cataluña sentaron las bases para la impunidad actual y la consolidación de los enemigos internos de la nación como actores determinantes en la política española. El PP, con una mayoría absoluta en 2011, no sólo cumplió su promesa de reforma profunda de la justicia y de defensa del Estado, sino que abrió la puerta a la situación que hoy padece España.

El tiempo dirá si la amnistía contribuye a la normalización política o, por el contrario, si agrava la desconfianza y la fractura social. Lo que es indudable es que la decisión del TC, lejos de zanjar el debate, ha abierto una nueva etapa de incertidumbre y controversia en la democracia española; aparte de sentar un peligrosísimo y terrible precedente…

Tiempo al tiempo.