Nuevo capítulo de la serie Francina Armengol y la vivienda en Baleares.

Después de que la presidenta balear perpetrara hace unas semanas el primer ataque directo contra la propiedad privada desde la expropiación de Rumasa: 56 pisos embargados para darlos en alquiler social, ahora -según publica ABC- el gobierno de la socialista Armengol rectifica y ya no podrá imponer un precio de compra a los grandes propietarios de pisos.

Y es que, Francina es un poco 'chapuzas' en materia de vivienda. En el caso de los 56 pisos que el gobierno balear pretendía expropiar, según publicó El Mundo, casi la mitad de los pisos expropiados en Menorca eran ilegales y estaban vacíos por obras. Además, en torno al 25%, más de una decena, se le cayeron de la lista al gobierno de Armengol antes de empezar. Muchos acababan de salir a la venta y otros, como en el caso de nueve de Menorca, ni siquiera tenían cédula de habitabilidad.

Ahora, el Ejecutivo insular ha modificado su Decreto-Ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, por su posible inconstitucionalidad. De este modo, el Gobierno de Armengol no podrá imponer un precio de compra para las viviendas a los grandes propietarios ni podrá sancionarlos administrativamente por rechazar una propuesta de alquiler social.

El decreto, aprobado poco antes del inicio de la pandemia, obliga a los bancos a ofrecer alquiler social antes de desahuciar, establece la cesión de suelo público para construir VPO con recursos privados y otorga preferencia al Govern para intervenir en operaciones entre grandes propietarios mediante la opción de tanteo y retracto.