Si un abogado del turno de oficio redacta sus actuaciones en catalán la Generalitat le paga 25 € más que a quien los redacta en español. No es cosa de broma porque, sólo para 2024 (ver adjunto) la cosa le sale al contribuyente por 350.000 euros anuales.

Por cierto, no es casualidad que sea un sindicato el que denuncie este convenio porque ellos mismos están protestando, en Cataluña y en toda España, para que se suba el salario a todo los integrantes del turno de oficio, que cobran bastante poco. Esos 350.000 euros deberían dedicarse a premiar el trabajo de los abogados catalanes, no a forzar el uso del catalán en la administración de justicia.

Lo más gracioso es que el acuerdo con el colegio de abogados se califica como libre opción, cuando no es más que una imposición, para imponer el uso del catalán en detrimento del castellano. Y es que en la administración de justicia la inmersión lingüística está en mantillas. Lógico, el derecho tiene una tradición en español muy superior a la que tiene en catalán, además de que no son pocos los juristas que trabajan en Cataluña y tienen por lengua materna el español. Trasladen esto al colectivo médico y pregúntese si usted desearía que le sacara de una parada cardíaca un buen profesional en español o uno malo en catalán.