La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) defiende el cumplimiento del consentimiento informado en el caso del aborto. Según denuncian varias mujeres asociadas a AVA, el centro abortero jamás les informó sobre los riesgos físicos o psicológicos de someterse a un aborto ni de las alternativas a "quitarse el paquete".

 

Y es que el artículo 9 del RD 2409/1986 de 21 de noviembre, regulador de la despenalización del aborto en España, establece la obligación de ofrecer información sobre medidas de asistencia social y orientación familiar que puedan ayudar a la madre a seguir adelante con su embarazo. "Nunca me informaron de ninguna alternativa", señala una mujer asociada a AVA que prefiere mantener el anonimato. No sólo no se informa sobre las alternativas al aborto, sino que tampoco se informa sobre los riesgos del aborto, una obligación contemplada en el mismo decreto. Y el incumplimiento resulta muy grave porque según recoge un estudio de AVA, las mujeres que abortan tienen 2,5 veces más riesgo de muerte materna que las madres que llegan al parto, 1,1 de cada 100.000 mueren en la intervención, entre un 0,2 y un 1,2 por ciento sufren perforación del útero como consecuencia de la operación, aumenta el riesgo de pérdida del hijo en el siguiente embarazo, produce serios riesgos de alternaciones en el estado de ánimo y produce alteraciones en las relaciones sexuales y en el deseo sexual. Todo ello sin olvidar el terrible síndrome post-aborto y el tormento de la culpa.

 

Esta información se esconde a las mujeres que acuden a un negocio abortero incumpliendo el citado RD 2.409/1986 y la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El artículo .3 de dicha Ley establece la regulación del consentimiento "libre, voluntario y consciente de una paciente, manifestado en el pleno uso de sus facultades, después de recibir información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud". O sea, exactamente lo que no ocurre.

 

Lo que pasa es que el incumplimiento legal siempre "sale gratis" en un país de cultura anárquica como la española. Y máxime cuando se trata de la realidad del aborto, cuyo debate ha quedado silenciado en los medios de comunicación. Pero en AVA recuerdan que el incumplimiento del deber de informar resulta una inmoralidad, además de un incumplimiento grave del deber médico. Así lo contempla también el magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José Almagro Nosete. En la sentencia del pasado 8 de septiembre de 2003, Almagro sostiene que "no informar constituye un incumplimiento grave del deber médico indemnizable por daño moral". Que tiemblen los médicos aborteros del "gratis total" porque AVA se ha propuesto judicializar a los mercaderes de la muerte con el derecho en la mano. Los 77.125 españolitos que no han podido disfrutar de la vida se lo merecen. Las 800.000 madres españolas víctimas de la ausencia de información, también. ¡Enhorabuena! Ya era hora.

 

                                                                      Luis Losada Pescador