El pasado 5 de diciembre el Ministerio de Salud Pública de Uruguay aprobó la venta sin receta del Misoprostol (análogo sintético de la prostaglandina E1), una droga que se utiliza en la prevención y tratamiento de úlceras gástricas, pero que, en ciertas dosis, induce al aborto en el primer y segundo trimestre de embarazo. En algunos países es conocida como la "pastilla de los pobres", que facilita el acceso al aborto de aquellas mujeres con escasos recursos económicos para acudir a una clínica. Algunos estudios médicos afirman que el Misprostol es "eficaz" en un 90% de los casos, si se administra por vía vaginal y con el correspondiente seguimiento médico. Un seguimiento profesional que Uruguay mantiene penado en su búsqueda de salvaguardar la vida humana desde el momento de la concepción.
La legalización del aborto químico por la puerta de servicio se produce en paralelo al compromiso de los parlamentarios de posponer el debate de la ley del aborto para el 2004, pasadas las elecciones. Además, hace apenas tres meses, el presidente uruguayo, Jorge Batlle, manifestaba a Su Santidad el Papa Juan Pablo II su compromiso de vetar la ley del aborto, si esta era aprobada por el Senado. ¿Pacta sunt servanda?
Batlle tiene la obligación de ser coherente con su compromiso frente a la Santa Sede y con el vigente Código Penal uruguayo, que tipifica el aborto en su artículo 325. La venta libre del Misoprostol ha sido recurrida en casación hoy lunes por el doctor Gustavo Ordoqui por considerarla incompatible con la actual legislación penal uruguaya.
