El 20 de febrero se efectuó una inspección a instancias del SEPRONA de la Guardia Civil   La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha decidido remitir el ‘caso Isadora' a la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección de los Servicios al tratarse de un centro privado. La decisión se produce después de que cientos de ciudadanos exigieran al consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que investigara al centro Isadora por incumplir la legislación sobre los restos humanos de los abortos provocados y dejar a los fetos en bolsas de basura.   El pasado 20 de febrero, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid realizó una inspección a Isadora a instancias del SEPRONA de la Guardia Civil. La inspección se produce después de haberse encontrado residuos biosanitarios y restos humanos (restos fragmentados, fetos enfrascados en formol, incluso fetos con apariencia de más de 22 semanas) en los contenedores de basura del centro. También se encontraron papeles con nombres y teléfonos de las usuarias del centro, lo que podría contravenir la Ley de Protección de Datos.   A partir de aquí, la información fue difusa, porque primero parecía que la Comunidad de Madrid investigaría el asunto, después que archivaba y posteriormente que seguía a vueltas con la investigación. Ahora decide remitir el caso Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección de los Servicios. Da la impresión de que el asunto les quema en las manos. Máxime encontrándonos en período electoral. Pero el centro sigue abierto, continúa practicando abortos provocados y las imágenes de los fetos en las bolsas de basura permanecen en la retina.