193 personas, en su mayoría jóvenes, murieron en la discoteca República de Cromañón, en Buenos Aires, por el incendio provocado durante un concierto celebrado en una sala sin apenas medidas de seguridad. El asunto ocurrió hace ahora casi un año, y el presidente Nestor Kirchner ha hecho todo lo posible para que su colaborador, el alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, no fuera sometido a juicio político por la Legislatura y suspendido de cargo.
Pero Kirchner, esta vez, ha fallado.
Desde el principio, los familiares de las víctimas hablaron de una pésima gestión del desastre, e incluso del cierre de la puerta de emergencia cuando algunas de las víctimas ayudaban a otras a salir del infierno. Días más tarde, un Kirchner bravucón afirmaba que el dolor no sólo se siente en Buenos Aires. Simplemente, los familiares le acusaron de no haber tomado el mando en las tareas de rescate, de haber evitado el problema. Ahora, Kirchner ha presionado a los legisladores para que no se juzgue políticamente a Ibarra (en la Argentina, un juicio político es fácil que suponga el final de la carrera del encausado) entre otras cosas porque su reciente victoria en las legislativas fue una victoria pírrica, y el presidente no está para perder apoyos.
En cualquier caso, se ha conseguido que la responsabilidad política por la muerte de 193 personas no quede impune.
