La nueva normativa en materia pesquera que debate la Unión Europea impone que los peces que, por su tamaño, no se pueden comercializar, tienen que ser llevados a puerto.
Antes, se devolvían al mar. Ante este cambio, se había propuesto que ese pescado se diera a obras de caridad para ayudar en la manutención de personas sin recursos. Sin embargo, el Parlamento Europeo no lo ha creído conveniente.
Se destinará a la industria de fabricación de alimentos animales y parte de los beneficios obtenidos servirán para financiar campañas para evitar la contaminación de las aguas. Hasta aquí muy ecológico pero muy poco social.
Una vez más, el órgano de representación de los ciudadanos europeos muestra cómo algunas de sus propuestas y actuaciones están a mucha distancia de las verdaderas preocupaciones de las personas que los han votado. Y, además, muestran una escasa cercanía por quienes lo pasan mal en su entorno.
Será que ellos tienen un buen sueldo, cobran bien las dietas, viajan en primera y aplican el axioma "bien yo, bien todo el mundo".
Pedro J. Piqueras Ibáñez
