La portada de Hispanidad del pasado martes ha levantado ampollas. No es verdad, claman algunos, que un farmacéutico vaya a ser sancionado con multas de entre 30.000 y 90.000 euros.

Es un rumor que está haciendo correr el Ministerio para acobardar. Lo primero: si es el Ministerio -y lo es- quien lo hace correr entonces no estamos ante un bulo, sino ante una dolorosa realidad pues es el Ejecutivo quien, junto al Parlamento, posee capacidad normativa.

Sí, desde el próximo lunes, quizás antes, de que concluya la semana, entrara en vigor el protocolo de venta de la Píldora del Día Después (PDD), elaborado por el Ministerio de Sanidad. Sí, por el Ministerio. No me vengan con el sofisma de que lo ha redactado el Consejo de Farmacéuticos de España que al texto remitido por estos, la señora Trini Jiménez -subcampeona de las cabezas huecas del Gobierno de Zapatero, sólo superada por su compañera Bibiana Aído- no ha hecho ni caso del tal protocolo. Y tal como anunciaban meses atrás, en un acto conjunto, la medalla de oro y la de plata, que confundían protocolo o proyecto normalizado de trabajo de un sector con consecuencias normativas con un folleto informativo, el tal escrito se carga la objeción de conciencia del farmacéutico. La aberración está a punto de hacerse realidad: estamos ante la primera generación de farmacéuticos obligada a repartir un veneno mortal a quien se lo solicite.

En pocas palabras, a partir del lunes ocurrirá lo siguiente en España: una señora -o un señor que la norma no especifica- entrará en un establecimiento y pedirá una Postinor -de Bayer, no compres productos Bayer- o una Norlevo -de Chiesi, no compres productos Chiesi-, en principio a 18 euros. No necesitará receta alguna. A renglón seguido, el farmacéutico puede preguntarle si tiene más o menos de 16 años, pero el cliente puede responderles que se meta en sus asuntos.

Lo de los 16 años no es una concesión a la cordura por parte del Ejecutivo ZP. Simplemente es por la ley de Defensa del Consumidor de medicamentos. Si tiene menos de 16 años es el boticario quien decide si debe visitar a un médico.

Si no puede aducir minoría de edad, el farmacéutico puede explicarle al cliente, no su negativa a vendérsela porque su conciencia le dice que la PDD es abortiva y termina con una bomba humana -esto sería objeción y le han suprimido ese derecho- sino que existen otros métodos anticonceptivos, no la bomba hormonal que se va a meter entre pecho y espalda. Pero el cliente puede evitarse el asunto: No quiero que me cuentes nada, colega, quiero que me la des ya. Y está obligado a dársela. ¡Ah! Y si el cliente acepta el rollo lo que sí puede decirles el farmacéutico es que en los centros municipales o de los gobiernos autónomos, se la darán gratis. Verbigracia, para eso está el alcalde de Madrid, Excmo. señor Ruiz Gallardón.

Por cierto las organizaciones de consumidores  (FACUA, por ejemplo, estará deseando ejercer tan progresista cometido) pueden hacer una investigación a farmacéuticos presuntamente reaccionarios. ¿Que dicen que no la tienen? Aseguran que volverán por la tarde. Y si no se la dan denuncia al canto.

Vamos con las sanciones. El propio protocolo considera falta muy grave que, a sabiendas, un farmacéutico se niegue a dispensar la píldora. Y una sanción muy grave puede ser castigada con entre 30.000 y 90.000 euros. En pocas palabras: se condena a los farmacéuticos al martirio económico, si quieren ser fieles a sus convicciones. Además, ellos sí que saben los efectos de la PDD.

¿Por qué entonces, la señora Carmen Peña, presidenta de los farmacéuticos españoles, mantiene un pudoroso silencio ante tan sublime canallada? ¿Acaso no representan el sentir mayoritario de los farmacéuticos españoles? No, no lo representan. De hecho, el tramo democrático de elección de colegios de médicos es el regional, no el nacional. La señora Peña no dará la batalla por el derecho a la objeción de conciencia de sus afiliados: su conciencia está en otro sitio.

Lo que está ocurriendo es muy grave. Cargarse la objeción de conciencia es cargarse el Estado de Derecho, así de simple. Y obligar a un profesional de farmacia a convertirse en connivente, cómplice y colaborador necesario de miles de homicidios silenciosos (antes de la liberación ya se expiden en España cerca de 600.000 PDD por año) es una barbaridad que sólo se les ha ocurrido a algunos tiranos especialmente embrutecidos. Como aquí, como ahora.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com