Si no lo aceptan les llevará a los tribunales. La reclamación se sustanciará en el primer consejo de Novacaixagalicia (martes 17)

 

Hablamos de cuatro directivos, cuya salida ha costado 40 millones de euros, aunque no son los únicos con blindaje. El Banco de España y la Xunta aprueban el plan Castellano. La idea de MAFO es generalizar el modelo a todas las cajas nacionalizadas (por ahora, CatalunyaCaixa y Unnim) o incluso ayudadas. Y lo que es más importante: exigir responsabilidades, no sólo por indemnizaciones multimillonarias sino por posibles malas prácticas.



José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada: cuatro directivos de Caixa Galicia y Novacaixa, fusionados hoy en Novacaixagalicia Banco (NCG Banco) que se han llevado cerca de 40 millones de euros por su salida del grupo. Gran escándalo, porque el FROB, es decir, todos los españoles, han aportado 2.500 millones de euros para reflotar la entidad. Y ojo, porque si añadimos las indemnizaciones de la CAM nos estaríamos aproximando a los 100 millones.

Pues bien, el presidente de NCG Banco, José María Castellano, que empezará a ejercer como tal en el Consejo del próximo lunes 17, el primero de la nueva entidad, piensa darle la vuelta: si el Consejo lo acepta (no olvidemos que el 90% del capital es del Banco de España y éste apoya la operación) exigirá a los ex ejecutivos que devuelvan esas cantidades. Si se niegan -eran contratos firmados con las dos cajas que dieron lugar al nuevo banco- les llevará a los tribunales. Tiene todo el apoyo del Banco de España y de la Xunta, cuyo presidente Alberto Núñez Feijóo, quien se ha subido al carro de la renovación en la mañana del martes.

A nadie se le oculta que hay otros directivos que permanecen en la entidad y que también tienen contratos blindados. Si se les obligará a renunciar a dichos contratos como condición para continuar aún no se sabe. Eso sí, el Banco de España pretende que, ante la alarma social -precioso eufemismo- creada por estas indemnizaciones se inicie un proceso de revisión general de contratos de directivos en todas las instituciones, tanto las nacionalizadas como aquellas que, sin necesidad de pasar al FROB, conlleven ayudas públicas, además de introducir otro factor importante: no basta con cambiar de directivos. Los salientes deberán responder de posibles malas prácticas bancarias, si las hubiera.

Al menos, que una reforma tan innecesaria y onerosa para todos los españoles, como la conversión de las cajas en bancos, no sirva para enriquecer a los salientes.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com