Las declaraciones del secretario de organización del PSOE, José Blanco, en el diario independiente de la mañana han generado un verdadero terremoto político. Sindicatos y patronal están de acuerdo en enmendarle la plana al Gobierno, lo que no deja de ser una fiesta. El secretario general de UGT, Cándido Méndez asistía en la mañana de este lunes a la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo y Económico y Social, Marcos Peña. Méndez calificaba la afirmación de Blanco de drástica. Y es que Blanco señala en El País que el mercado de trabajo para inmigrantes está agotado y que la mayoría de los 800.000 ilegales que se encuentran en España deberán ser expulsados. Méndez opina, sin embargo, que con los actuales cupos de empleos con difícil ocupación se puede regular perfectamente la inmigración. Ni son necesarios nuevos instrumentos, ni observa el drama que parece ver Blanco.
Por su parte, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, califica las declaraciones de Blanco de políticas. Los políticos están en su derecho de hacer declaraciones políticas, pero eso no significa que tengan trascendencia económica o social, señala un Cuevas al que se le entiende todo. En la misma línea, pero mucho más sutil, el secretario general de empleo, Valeriano Gómez, quiso desvincular el fenómeno de la inmigración ilegal que llega a Canarias en cayucos con el tema del empleo. Son dos fenómenos que no tienen nada que ver. De esta manera, Gómez parece sugerir lo mismo que transparenta Cuevas: De la Vega y Blanco venden tolerancia cero cuando la crisis de los cayucos aumenta. Pero eso es política, no economía.
No obstante, Cuevas reconoce que habrá problemas para integrar a nuevos trabajadores extranjeros en el mercado laboral, pero ni considera que sea un drama, ni que por ello haya que cambiar los actuales instrumentos para acoger a trabajadores no comunitarios.
