Hispanidad ha podido confirmar que los sindicatos argentinos de Pilotos y Técnicos aeronáuticos rechazan los términos del acuerdo KirchnerMarsans. Como les contábamos la semana pasada, el Gobierno de Néstor Kirchner recuperaría para el Estado de su país un porcentaje accionario de Aerolíneas Argentinas comprendido entre el 5% y el 20%, a cambio de la aprobación del próximo balance 2005 de la compañía aérea. Se desbloqueaba así una situación en la que el Estado argentino impugnaba sistemáticamente cada año los balances de Marsans.
Pues bien, los técnicos (agrupados en APTA) y pilotos (agrupados en SEPLA) afirman, que dicho plan gatopardista para asegurar la permanencia de Marsans en Aerolíneas Argentinas es inaceptable y constituye un auténtico escándalo ético, legal y político. Los técnicos y pilotos argumentan que el pacto está insanablemente invalidado por la Ampliación de la Impugnación Judicial al balance 2004 de Aerolíneas Argentinas, presentada hace escasos 90 días (13/03/06) por los ministerios de Planificación Federal y de Economía. Por cierto, los responsables de ambos ministerios, Julio De Vido y Felisa Miceli, participan en la gira oficial de Néstor Kirchner en España.
Ambos entes estatales argentinos acusan a Marsans de: fraude contable perjudicando financieramente a Aerolíneas Argentinas y a los accionistas minoritarios (Estado nacional o todos los argentinos y PPP); aprobación ilegal de la salida concursal de Aerolíneas Argentinas al ser su dueño y a su vez principal accionista, por subrogarse créditos que debía pagar y cancelar , perjudicando con ello a los acreedores minoritarios entre ellos el Estado nacional, (una maniobra ilícita que le produjo a Marsans un rédito de más de 100 millones de dólares por el pago del 40% de los créditos concursales); vaciamiento de la Línea Aérea de Bandera a favor de otras empresas del Grupo Marsans; y de, licuación indebida e injustificada de la participación accionarial del Estado Nacional.
De concretarse tal acuerdo, denuncian SEPLA y APTA, el Gobierno de Kirchner no solo cesaría de exigir justicia ante los tribunales por el daño causado tanto a la línea aérea como al Estado argentino, sino que además, ahora consideraría como legítimo y justo, pagar al Grupo Marsans, es decir a Pascual, Díaz y Mata, con la impunidad o el olvido y el perdón de todos los delitos por los que se les acusó durante tres años consecutivos
Si el Estado argentino aprueba generosamente ahora los balances de Aerolíneas que siempre impugnó por dolosos, estará pagando un gigantesco e injustificable precio moral, material y político, dado que sólo pretende con ello recuperar el 5% de su participación histórica del Estado argentino en la compañía. Justo cuando el gobierno de Kirchner acaba de denunciar hace tres meses ante la justicia que Marsans se lo licuó indebida e injustificadamente, o sea se lo robó. Por lo tanto, Kirchner pagará semejante precio por lo que ya es de su país, por lo que nunca dejó de pertenecerle al Estado argentino. Sin duda, concluyen técnicos y pilotos, de concretarse semejante acuerdo, sería un absoluto despropósito y desvergüenza. No se estaría consolidando en la Argentina la tan mentada seguridad jurídica, sino corrupción y la impunidad.
Mucho peor sería, si por el referido 5% el Gobierno de Kirchner le efectúa un pago o compensación pecuniaria al Grupo Marsans. Incluso, si el futuro porcentaje accionarial para el Estado argentino fuera mayor, ningún desprendimiento de acciones por parte de los dueños de Aerolíneas Argentinas les eximiría de culpa, ni de condena judicial, por los delitos que hubieran cometido durante la administración de la compañía.
Por supuesto, a todas las acusaciones incluidas en las impugnaciones judiciales a las gestiones y balances 2002, 2003 y 2004 de MARSANS en la aerolínea insignia argentina, les podemos sumar las contenidas en el Informe Final del Tribunal de Cuentas del país austral, también emitido hace tres meses (16/03/06). El Tribunal de Cuentas analizó las operaciones entre el sector público estatal español y Aerolíneas Argentinas desde 1990 hasta el presente, concluyendo que durante su control de la empresa, el Grupo Marsans había incurrido en graves y generalizados incumplimientos contractuales respecto de los asumidos ante la SEPI por la compra de Aerolíneas Argentinas. Por ejemplo, haberse subrogado créditos contra la compañía incluso uno de la SEPI- en vez de pagarlos como exigía el contrato de compraventa, aprovechando esta violación contractual para intervenir en su beneficio (violando la legislación argentina) en el concurso de acreedores de Aerolíneas, autoaprobando su propuesta de salida concursal al haberse convertido en el acreedor mayoritario de la compañía que dirigían. Para ello contaron con el consentimiento de la SEPI. Además, no se realizaron las inversiones comprometidas en el contrato de compraventa, expresadas en su Plan de Negocios. En lugar de esto, destinaron los fondos de la SEPI a gastos operativos corrientes. Por último, el Tribunal de Cuentas destaca que Marsans no incorporó como debía hacer, 23 aeronaves a la flota existente de Aerolíneas Argentinas a finales del 2001.
También hará caso omiso el Gobierno de Kirchner a estas denuncias surgidas en España, para avanzar y materializar en el Plan Continuista de Marsans en Aerolíneas Argentinas.
Los gremios más críticos con la gestión Marsans en Aerolíneas Argentinas y Austral vuelven a culpar al Jefe de Gabinete del gobierno argentino, Alberto Fernández, de gira también por España, como el ideólogo político argentino de ese pacto de impunidad. Fernández sigue cumpliendo, dicen técnicos y pilotos, con su rol de principal operador político dentro del Gobierno argentino a favor de los intereses del Grupo Marsans , como si ese grupo fuera quien le pagara el sueldo y no sus conciudadanos. El Jefe de Gabinete de Kirchner quiere cumplir con los tres compromisos que asumió ante al gobierno español en Diciembre de 2005 durante su anterior viaje a España, consistentes en conceder aumentos de tarifas y subsidios a Aerolíneas Argentinas y Austral, a los que ya se habría decidido autorizar para toda la actividad aerocomercial argentina; la renuncia del Subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, contra quien, según los sindicatos de técnicos y pilotos, ha instrumentado solapadamente a la Oficina Anticorrupción para apartarlo e intervenir en los asuntos de las empresas del Grupo Marsans, en una resolución inédita para dicha Oficina; el último compromiso pendiente de cumplimiento por parte de Fernández es la aprobación de los balances de Marsans en Aerolíneas Argentinas, propósito que lograría concretar, si Kirchner avala y ejecuta el pacto de impunidad como llaman los gremios al acuerdo.
Como es habitual, en España para la cuestión de Aerolíneas Argentinas y los intereses del Grupo Marsans, quien ha aprobado el acuerdo de marras es Miguel Sebastián, Jefe de los Asesores Económicos del Presidente Zapatero, el interlocutor más asiduo de Alberto Fernández dentro del Gobierno del PSOE. Sebastián, como contrapartida a los favores judiciales y empresariales a Marsans que debería conceder Kirchner, se habría comprometido a liberar los 330 millones de euros que el Grupo Marsans continúa reclamando a la SEPI por supuestas deudas impagas de distinta índole y larga data al Estado argentino. De ser así, la interminable sangría de fondos públicos españoles hacia Aerolíneas Argentinas ascendería a casi 3000 millones de dólares. Una sangría comenzada por Felipe González, continuada por José María Aznar, y ahora a punto de perpetuase a través de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los sindicalistas técnicos y pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral han asegurado que no tolerarán jamás ningún acuerdo espurio como el expuesto, entre el Gobierno de Kirchner y Marsans, que sólo serviría para agravar y no resolver las críticas carencias financieras, patrimoniales y técnicas que hoy padece Aerolíneas Argentinas, prolongando su agonía y conduciéndola a su desaparición. Por ello, han anticipado a Hispanidad que comenzarán en las próximas horas, un plan de lucha basado en la denuncia y condena de cualquier pacto de impunidad que como el revelado públicamente se pretenda materializar en Aerolíneas Argentinas, iniciando su campaña de esclarecimiento y crítica desde el presidente Néstor Kirchner pero incluyendo en la misma a todo el espectro político argentino, dado que la cuestión de Aerolíneas Argentinas es una causa nacional, al tratarse de la línea aérea de bandera del país y por constituir junto con su subsidiaria Austral, casi el 90% del sistema de transporte aerocomercial argentino. Virtualmente todo ese sistema, dentro de un vastísimo territorio nacional.
Un dato de lucha que no debemos menospreciar en la realidad argentina actual, donde sin prisa pero también sin pausa, ya ha comenzado la carrera política por las elecciones presidenciales del 2007.