Sr. Director:

En relación al apoyo que el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha prestado a los centros abortistas, Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, ha anunciado que, en el caso de que el juez dictamine que los centros investigados han cometido delito, los servicios jurídicos de la plataforma están estudiando la posibilidad de querellarse contra Bernat Soria por un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos, tipificado en el artículo 408 del Código Penal.

El pasado 17 de enero la Asociación ACAI, que reúne a 31 abortuorios españoles, tuvo el privilegio de ser recibida por el ministro de Sanidad. Encuentro en el que curiosamente en el que estuvieron presentes representantes de las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro; además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI.  

El encuentro fue más que cordial, hasta el punto de comprometer la cuanto menos imparcialidad que debería guardar el Ministro ante un caso que está siendo investigado por la Justicia: así lo evidenciaba la propia la presidenta de ACAI, Eva Rodríguez a los medios de comunicación al finalizar la reunión con Soria: "por primera vez un político nos ha agradecido la labor que desempeñamos".

En este sentido, en el caso de que el juez dictamine que los centros abortistas investigados han cometido delito, HO se plantea querellarse contra Bernat Soria por un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos, según establece el artículo Artículo 408: "La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Como afirma Ignacio Arsuaga, "el apoyo brindado por el Ejecutivo a los centros abortistas, incluso a aquellos que han sido cerrados y que están siendo investigados por la Justicia, demuestra que el PSOE, si gana las elecciones, pretende abordar una ley de plazos, ampliando la actual ley del aborto, algo que sería inconstitucional".  "En este sentido –concluye el presidente de HO- exigimos al PSOE que no mienta a sus electores y que de verdad diga qué piensan hacer con la ley del aborto en España si ganan las próximas elecciones".

HazteOir.org

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