Ante la previsible aprobación del Proyecto de Reforma del Estatuto de Cataluña, Profesionales por la Ética de Cataluña, entidad que promovió una declaración contra esta reforma suscrita por más de 300 intelectuales, ha manifestado que lo más grave es que los políticos están decidiendo el futuro de los ciudadanos a espaldas de estos, como los déspotas.

De manera deliberada, ha afirmado su presidente, Ezequiel Miranda Giménez-Rico, se está ocultando que el clima de la Cataluña posestatut será asfixiante para profesionales de distintos ámbitos. A título de ejemplo, el futuro escenario en la sociedad catalana ofrecerá rasgos como los siguientes:

-         Los profesores no solo serán denunciados por no emplear el catalán en las actividades docentes, no docentes y de investigación sino que su formación y perfeccionamiento será competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. Esta podrá decidir igualmente la pérdida de condición de funcionario docente del profesorado.

-         El profesor que opte por investigar también se verá vigilado porque la Generalitat de Cataluña se atribuye en exclusiva la organización, el régimen de funcionamiento, el control y acreditación de los centros de investigación públicos y privados. Si un científico residente en Cataluña decide hacer público el resultado de sus investigaciones tendrá que pedir permiso a la Generalitat, que también se reserva la difusión de la ciencia.

-         Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para poder prestar sus servicios en Cataluña, a acreditar, un nivel de conocimiento suficiente de catalán. Además la Administración del Estado en Cataluña tendrá que acreditar que el personal a su servicio tiene esos mismos conocimientos. Lógicamente, las actuaciones de estos profesionales serán controladas para verificar si su nivel de catalán satisface a la Generalitat. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los colectivos mencionados proceden de fuera de Cataluña, un gran número de ellos tendrá que marcharse a otros lugares de España. Esta emigración de funcionarios perjudicará a los ciudadanos y retrasará el funcionamiento de la Administración. 

-         Los funcionarios que trabajan en órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal han de atender y tramitar los escritos presentados en catalán y no pueden exigir al ciudadano interesado la traducción al castellano. De esta forma la capital de España se llenará de traductores oficiales, con el consiguiente coste que ello representa.

-         Los ciudadanos que quieran ejercer una profesión habrán de atenerse igualmente a los requisitos y condiciones que establezca el Gobierno catalán. Este se reserva también (en exclusiva, desde luego), el establecimiento de los derechos y las obligaciones de los profesionales, el régimen de incompatibilidades, la regulación del secreto profesional y el régimen disciplinario en el ejercicio de las profesiones tituladas.

-         Los profesionales colegiados estarán también sometidos a los criterios de la Generalitat, ya que esta institución se atribuye la competencia exclusiva de regular el modelo organizativo, el régimen económico, presupuestario y contable de los colegios profesionales, cámaras de comercio, agrarias y de navegación y cualquier corporación profesional. Por supuesto, el régimen de colegiación profesional, los derechos y deberes de los colegiados y el régimen disciplinario queda en manos del Gobierno catalán.

-         El profesional de la sanidad podrá ser obligado a practicar la eutanasia y el aborto sin respetar sus convicciones ni su derecho a la objeción de conciencia porque la voluntad del paciente (incluida la voluntad de poner fin a su vida) y de la mujer embarazada serán determinantes.

-         Por si esto no fuera bastante, será posible emprender una «caza de brujas» contra aquellos ciudadanos considerados homófobos o contra los que no hayan defendido suficientemente la democracia y el autogobierno de Cataluña. Todo ello, lógicamente, a criterio de la Generalitat.

Profesionales por la Ética ha manifestado que los aspectos del nuevo estatuto que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos no están siendo negociados por los políticos porque no les interesa que salgan a la luz. La sociedad catalana, ha asegurado Ezequiel Miranda, será un modelo de sociedad intervenida, muy alejada de las democracias reales.

Profesionales por la Ética

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