El diario El País del pasado 18 de marzo informaba del inicio de los trámites administrativos de la clínica abortista privada -promovida por Cannaregio S.L.- para implantarse en Navarra, en la localidad de Ansoáin (a cuatro kilómetros de Pamplona).
El periódico de Madrid afirmaba que la consejera de Salud, María Kutz, había explicado que su departamento tenía tres meses para estudiar la solicitud y, en caso de cumplir con los requisitos, "sin ninguna duda se autorizará".
Asimismo, se decía que, según el departamento de Salud, es la primera vez que una clínica inicia trámites formales en Navarra. Por eso, el departamento defendía que "no es que el Gobierno no hubiera dado antes la autorización correspondiente, sino que nadie había presentado la documentación necesaria".
Por su parte, José Gurrea, ginecólogo de la clínica Euskalduna de Bilbao y propietario de la empresa Cannaregio SL, decía que desde que había presentado la documentación solo había recibido "apoyo, facilidades y buena educación por parte del departamento de Kutz". Según Gurrea "pertenece a un Gobierno serio", que "como no puede ser de otra forma, cumplirá la ley, le guste más o menos".
De estas declaraciones se desprende que la consejera Kutz no tiene otro principio moral que no sea el cumplimiento de la ley. En la línea del más puro positivismo jurídico, no existe para ella ningún valor en sí mismo más allá de la ley promulgada por el poder político. Por el mismo razonamiento, los dirigentes nazis no deberían haber sido juzgados porque lo que ellos perpetraron era legal cuando lo hicieron.
¿Si los asesinatos de ETA fueran legales, habría que admitirlos? Es obvio que lo moral no se reduce a lo legal. Pero tener principios sale muy caro a quien tiene por único fin seguir en el poder. Es lo que tiene el centro derecha en el que algunos han puesto su esperanza. A nadie debería extrañarle.
Luis González
