El anuncio gubernamental de regular el aborto mediante ley de plazos ha levantado ampollas en distintos sectores. Destacados juristas consideran que la medida contravendría la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara el aborto como ajustado a la Constitución en los tres supuestos despenalizados. El Foro Español de la Familia calificó la reforma como "innecesaria" y el Instituto de Política Familiar (IPF) considera que se trata de una "fobia" gubernamental hacia la familia. Desde la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), se señala que la nueva regulación "no busca el bienestar de las mujeres". Su presidenta, Carmina Valdés, afirma que las 800.000 mujeres que han abortado en España se han visto "abandonadas y presionadas para abortar".
También representantes eclesiásticos han mostrado su oposición a la propuesta del Ejecutivo. A esta cascada de rechazos se ha sumado la Organización Médica Colegial. Su presidente, Guillermo Sierra, manifestó que "sería necesario que el Gobierno reforzara la información y formación sanitaria de los españoles para evitar tener que llegar al aborto". Sierra recuerda que el aborto es una intervención que no está exenta de riesgos y complicaciones y pide que se respete la objeción de conciencia de los médicos
Tampoco los jueces han quedado ajenos a la polémica. La muy "progresista" asociación de Jueces para la Democracia –en la que participó el actual ministro del Interior, José Antonio Alonso- calificó la propuesta del Ejecutivo como "razonable y precisa". Por el contrario, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez, exige "meditar mucho" las reformas sobre familia. En relación al aborto libre, Suárez destacó que se trata de una figura inexistente en los países de nuestro entorno e insistió en que para la APM "es fundamental el derecho a la vida".
