Por la desregulación del sector que conocía el Ministerio de Economía desde 2002. Ante la noticia publicada por Europa Press el domingo 29 de Marzo, y reproducida por numerosos medios de comunicación, y la intervención con esa fecha de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la Federación de Afectados Filatélicos (FAF), quiere hacer llegar a la opinión pública las siguientes consideraciones:

Que el Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados de Valores deben poner a disposición de la Justicia, de forma inmediata, toda la documentación que obre en su poder sobre la regulación de la inversión en bienes tangibles durante el periodo de actividad de Afinsa y Fórum Filatélico.

Que el Sr. Rodrigo Rato, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía en el año 2002, debe ponerse a disposición de la Justicia para aclarar la información publicada. También lo deben hacer los responsables de los distintos organismos citados y aquellas personas que firmaron los documentos relativos a la regulación de los bienes tangibles.

Que los afectados filatélicos siempre hemos sospechado que la enmienda de última hora introducida en el Senado durante la tramitación de la Ley de Inversiones Colectivas de 2003, que dejaba a la inversión en bienes tangibles fuera del ámbito de la misma, pudiera estar motivada por el presunto conocimiento de la situación irregular de estas empresas, por lo que se prefirió 'mirar a otro lado' traspasando la supervisión de las mismas a las Comunidades Autónomas, que no tenían medios para asumirla, y sin informales de la situación.

Que el Defensor del Pueblo debe reabrir el expediente sobre este asunto, que cerró hace algunas fechas, para  esclarecer lo que es un presunto funcionamiento irregular de las administraciones públicas que afecta a 460.000 familias.

No podemos dejar de hacer referencia a la intervención por parte del Banco de España de la entidad financiera Caja Castilla-La Mancha. Siempre hemos dicho que la intervención de las entidades Afinsa y Fórum Filatélico se podría haber hecho de otra forma, salvaguardándose los derechos y los ahorros de los inversores.

De haberse hecho así, se hubiera evitado el sufrimiento de 460.000 familias durante años, mientras la justicia aclara las responsabilidades penales y administrativas. También se hubiera evitado un proceso concursal del que solo podrá recuperarse una pequeña cantidad de dinero.

Por último, reafirmar que desde la Federación de Afectados Filatélicos (FAF), y desde los Bufetes que nos representan, no vamos a cejar en nuestro empeño de aclarar las responsabilidades que nos han llevado a esta situación, pese a quien pese, caiga quien caiga.
Afectados Filatélicos

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