Prejubilar a 4.050 trabajadores (probablemente esto sólo es el comienzo) de Izar de más de 52 años le costará al Estado español 1.290 millones de euros, es decir, más de las subvenciones por las que Bruselas obliga al dócil Gobierno español a reconvertir sus astilleros públicos. Sólo estamos hablando de los costes laborales, no de lo que costará mantener en pie lo que queda de Izar, con una plantilla restante de 6.000 trabajadores. Naturalmente, también omitimos a la industria auxiliar, que no contará con los pagos del ministerio público, aunque el presidente de SEPI, Enrique Martínez Robles, manifiesta que se ha exagerado mucho, y que probablemente no se perderán ni 30.000 empleos ni 20.000: sólo 10.000, que no se irán a su casa para cobrar su sueldo por no hacer nada, sino a la cola del desempleo.
Aún así, Bruselas, que ha conseguido suprimir un nuevo competidor a costa de acusar a España de subvencionar a un sector que en todo el planeta vive de las subvenciones públicas, continúa sin dar el visto bueno al plan del Gobierno Zapatero, dado que no lo considera lo suficientemente duro. En otras palabras, obsesionado con dejar mal al anterior Gobierno del PP, la nueva SEPI se ha dedicado a contentar a Bruselas a cambio de afear la conducta del Ejecutivo Aznar. Naturalmente, franceses y alemanes pelean la legalidad de sus subvenciones, mucho más cuantiosas que las de Izar, hasta el final.
