La revolución comienza en Alemania: la SPD quiere que los accionistas aprueben el salario de los directivos

Por su parte, el partido de la canciller, Ángela Merkel, prevé reducir los beneficios fiscales de las opciones sobre acciones.

El sueldo de Wiedeking se conoce justo cuando Volkswagen -cuyo primer accionistas es Porsche y la familia Piëch- está despidiendo trabajadores y cuando Siemens, la otra gran multinacional teutona, anuncia el despido de 17.000 personas. Para terminar de redondear el malestar generalizado, don Wendelin se planta ante los analistas. Éstos le preguntan si, dado el tirón de la acción Porsche, la compañía está pensando en un 'split'. El humilde ejecutivo de los 60 kilos de euros viene a responder que no desea como accionista de Porsche a aquel que no pueda comprarse un Porsche. O sea, que lo pequeño no está bien visto en el Olimpo.

Es entonces cuando a la canciller Merkel se le oxigena el cabello y monta un grupo de trabajo para atajar el escándalo de los sueldos de los ejecutivos alemanes. No olvidemos que el Estado de Baja Sajonia (en Germania son muy delicados con la denostada empresa pública: el Estado no tiene empresas, pero las comunidades autónomas sí) posee el 20% de Volkswagen.

Total, que la CDU se lanza contra las opciones sobre acciones, una de las maneras de retribuir a los ejecutivos de las grandes multinacionales. Se trata de endurecer su fiscalidad para reducir su atractivo y de poner límites. Ahora bien, los socialdemócratas de la SPD van más allá: quieren que sean las juntas de accionistas las que aprueben los salarios y cualquier otro tipo de retribución, en dinero y en especie para consejeros y ejecutivos. No sólo eso: también se baraja la posibilidad de poner topes máximos de retribución. Una verdadera revolución. Los dos partidos mayoritarios están completamente de acuerdo. Quieren convertir las conclusiones del grupo de trabajo en ley y quieren, además, que esa ley se incardine en el ordenamiento jurídico europeo, es decir, que se convierta en directiva.

Veamos cuál es la situación en España. Hasta ahora, las grandes empresas lo único que tienen que hacer es enviar a la CNMV las retribuciones de los consejeros ejecutivos y de los no ejecutivos. Ojo, de los consejeros, no de los directivos, que representan la parte mollar.

Entre consejeros no se exigen las retribuciones individuales, sino las colectivas, según sean consejeros ejecutivos o no ejecutivos. Y no sólo eso: las escasas ocasiones en que se ha planteado la cuestión -por ejemplo Manuel Conthe, durante su etapa final en la CNMV- no se ha pasado de la transparencia... y escasa. Es decir, a lo más que se ha llegado es a exigir que los accionistas conozcan las retribuciones, no a lo que quiere llegar el Gobierno alemán: que los accionistas, como propietarios que son de la empresa, decidan cuánto se merecen cobrar sus empleados, lo ejecutivos y consejeros.

Y así, Ignacio Galán cobra 16 millones de euros, Alfredo Sáenz 9; FG, otros 9 (en 2006), mientras atesora una pensión de más de 60 millones de euros y un blindaje que en 2010 alcanzará los 80 millones, o el señor Ángel Corcóstegui, quien se marchó del Santander con 110 millones de euros de pensión.

¿Cómo se ha llegado al actual estado de cosas? Por el desprecio a la propiedad, Lo que John Bogle llama la batalla por el alma del capitalismo o conversión de la propiedad privada en propiedad representativa, a través, sobre todo, de la gestoras de fondos. En pocas palabras, que los directivos pueden prescindir de rendir cuentas a los propietarios, que en muchas ocasiones ni tan siquiera saben que lo son.

En cualquier caso, la revolución ha comenzado en Alemania. A ver si cunde el ejemplo.