Cobrar un 36,7% menos por el hecho de ser mujer atenta contra un derecho constitucional. Es una frase preciosa, recogida hoy por un diario económico en uno de sus editoriales. El único problema es que es falso. En primer lugar, en España existen 3 millones de autónomos y casi 15 millones de asalariados. En estos últimos, un altísimo porcentaje de los salarios están fijados por convenio : un oficial administrativo hombre y un oficial administrativo mujer, en un mismo sector, cobran lo mismo y cotizan igual a la Seguridad Social. Donde no cotizan lo mismo es en la economía sumergida, por ejemplo en el inmenso sector del servicio doméstico, las que ahora se denominan trabajadoras del hogar, así, en femenino, porque más del 98% de los asalariados que lo cubren son asalariadas. Pero ahí el problema no es la discriminación femenina, sino la economía sumergida, impulsada por las rígidas cuotas sociales aplicadas a este importantísimo segmento.
En las pymes tampoco hay discriminación, salvo que paguen parte en negro, con lo que volveríamos al problema de la economía gris. También la pequeña empresa se adecúa a su convenio, generalmente de las grandes empresas de sus propios sectores o a catalogaciones administrativas.
Entonces, ¿de dónde sale esa diferencia salarial entre hombres y mujeres? De al menos tres factores, aunque todos con un mismo origen: la mujer busca seguridad, mientras el varón prefiere la rentabilidad. Por eso, profesiones regladas, a las que se accede por oposición con derecho eterno a ocupar el puesto trabajo fijo pero modestamente pagado- como la Administración pública, la judicatura o la enseñanza pública, es donde trabajan más mujeres.
En las grandes empresas concurre otro factor distinto pero que camina en la misma dirección: es lo que podríamos llamar el Síndrome de la Vicepresidencia, marcado por la precitada característica: la mujer prefiere la seguridad, el hombre es más ambicioso. El Síndrome de la Vicepresidencia consiste en renunciar a aquellos primeros puestos que dentro de las grandes corporaciones sólo pueden terminar en despido : cobra más, tienes más privilegios pero si no cumples los objetivos no vuelves a tu antiguo cargo : te vas a la calle. Y lo mismo ocurre con los cargos a comisión: en un altísimo porcentaje están ocupados por varones. Los comisionados ganan más que sus jefes, pero nunca saben lo que van a ganar.
El tercer factor tiene idéntico origen: la aversión femenina al riesgo y la obsesión masculina por medrar. Y, para la discrepancia de salarios entre hombres y mujeres es la más importante: en un porcentaje abrumador, es el hombre el que asume riesgos, el que emprende un negocio propio. Y no olvidemos que todos los estudios sobre riqueza -es famoso el bianual de Merrill Lynch- acaban concluyendo lo mismo : los ricos son los empresarios a los que les ha ido bien (1 de cada 100, no nos engañemos).
A otro nivel, lo mismo puede decirse sobre los autónomos, electricistas fontaneros, etc., trabajadores por cuenta propia cuyas rentas suelen ser superiores a las de los trabajadores por cuenta ajena y que en su inmensa mayoría son hombres.
Considerando esos tres factores, procedentes, insisto, de una misma raíz, es lógico que los hombres cobren un 37% más que las mujeres. Por lo demás, no dudo que haya casos de discriminación, pero son absolutamente residuales y fácilmente demostrables ante un tribunal.
Queda muy bien invocar algo tan políticamente correcto como que la mujer está discriminada laboralmente, y que eso es, nada menos que anticonstitucional. El único problema es que es falso.
Otra cosa bien distinta sería peguntarse si existe algún otro tipo de marginación que ofrezca esa diferencia de retribuciones. Sí, existe. La verdadera marginación de la mujer se llama maternidad. Y ahí sí que es de justicia que el Estado apoye a la mujer, la famosa discriminación positiva: empresarios que no quieren contratar a la mujer no vaya a ser que se pase cuatro meses al año criando hijos, o simplemente, el paréntesis que abre una mujer en su ascenso laboral cuando decide tener hijos. Dicho sea de paso, hay que ser tonto, porque no existe trabajador más responsable que la mujer casada y con hijos.
Ahí sí, el Estado debe ayudar. Ojo, no debe ayudar al empresario, sino a la mujer. En definitiva, el Estado debe instaurar el salario maternal, pagar un salario a toda mujer mientras tiene hijos y los cuida en sus primeros años de vida, independientemente de que trabaje o esté en el paro. No olvidemos que los futuros contribuyentes es la mejor aportación que un ciudadano una ciudadana- puede hacer a la comunidad y a las cuentas públicas.
Claro que no se si esas mismas feministas, esa misma progresía, que aborrecen de la maternidad, y que ha conseguido que la mujer que decide dedicar años de su vida al hogar, aunque eso le suponga perder puntos en el competitivo mercado laboral actual, sea considerada poco menos que una incapaz, son las más indicadas para hablar de discriminación salarial (hablar y mentir, sicut erat demostrandum). En cualquier caso, las subvenciones públicas son aquellas que palían una marginación impuesta por la naturaleza. Por ejemplo, la maternidad.
Por lo demás, la mujer no está discriminada salarialmente en España. Eso sí, de tanto repetirlo, estamos consiguiendo que muchas se lo crean, y entren en el círculo vicioso más repetido hoy en día: toda aquella mujer que no logra cumplir sus expectativas laborales tiene una excusa perfecta para justificarse: el machismo imperante que nos asola.
Eulogio López
