El inefable ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (en la imagen), ha decidido reducir el exceso de litigiosidad.

Y eso está muy bien, pero lo único que se le ocurre para lograrlo es encarecer el producto. De acuerdo, la gente litigará menos para no gastarse más dinero pero no las instituciones, por ejemplo las grandes empresas, a quien no preocupa pagar más con tal de ganar.

En cualquier caso, me disgustan tanto como al ministro los aficionados a las demandas. Recuerden: hay dos tipos de personas en el mundo, las buenas y las malas. Las buenas son las que no ponen querellas al prójimo. Ahora bien, se trata de que nadie tenga que renunciar a su derecho a la justicia por razones económicas. Eso es una justicia para ricos, que esos no renunciarán en ningún caso al litigio por el hecho de que se les encarezca el coste de la justicia.

La norma de tasas es, por tanto, injusta. Y hay que protestar con ella. Pero los jueces y los fiscales -en huelga el miércoles 20- no deberían acudir a los paros como medida de presión. De hecho, no creo que los jueces deban tener derecho a la huelga y deben tener muy limitado su derecho a la libertad de expresión.

Me explico: la tarea de los jueces no es hacer leyes sino aplicarlas. Las leyes las hace el Parlamento. Pero, sobre todo, a los jueces les hemos dado un poder omnímodo a la hora de aplicar e interpretar las leyes. A los militares y a la guardia civil -y creo que debería extenderse a todas las fuerzas de seguridad- les hemos dado un derecho tremendo: el de ejercer la violencia.

En contraprestación, no les permitimos hablar ni ir a la huelga. Los jueces tienen el poder de enviar a la cárcel o de sancionar a cualquiera, poderoso o impecune. No estaría de más que se les prohibiera, a jueces y fiscales, el derecho a la huelga. Además, tiene un poder autónomo, institucionalizado en el Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ emite informes sobre las leyes y a través de él pueden canalizar su opinión sobre las mismas y, principalmente, sobre las que les afectan directamente.

Ni libertad de expresión. Si a los militares les prohibimos hablar, a los jueces lo mismo. Que hablen a través de sus sentencias.

Y esto resulta especialmente pertinente ahora mismo, cuando nos han surgido muchos garzones que hacen política desde el tribunal o que se convierten en jueces estrella. El virus de la egolatría ha corrido tanto entre la carrera judicial que ya se habla del Gobierno de los jueces, mucho más temible, se lo aseguro, que un gobierno de políticos con querencia autoritaria (casi todos).

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com