La historia es muy simple: el Gobierno Aznar pergeñó una durísima Ley de Incompatibilidades para Altos Cargos. Luego se dieron cuenta de que todo alto cargo, especialmente si pertenecía a la Administración económica, no podría trabajar, tras abandonar su vida pública, sino en la universidad, donde, es sabido, se cobra poco. Por tanto, la ley continúa siendo igual de dura pero, ante el fin de la etapa aznariana, los altos cargos han decidido que su aplicación resulte mucho más bonancible. Ya no se trata del romanoniano "haga usted la ley que yo me dedicaré a los reglamentos", sino "haga usted la ley, los decretos y los reglamentos, y déjeme a mí los expedientes administrativos de aplicación".
En efecto, el primer expediente "sorprendente de aplicación de la ley fue el de la directora general de Seguros (ojo, ente con facultades inspectoras de todas las compañías de seguros), Pilar González de Frutos, convertida a los pocos meses en presidenta de la patronal del sector de los seguros (y con sueldo). Luego vino otro expediente (igualmente sin traba alguna) por el que la directora general del Tesoro y Política Financiera, Gloria Hernández, se convertía en directora financiera del Banco Pastor. De ahí el rumor de que Rodrigo Rato podría recalar en la Presidencia del BBVA. Con esos precedentes, problemas administrativos no tendría alguno.
Ahora, quizás porque estamos en campaña electoral, el diario El País ha decidido sacar a la luz el caso González de Frutos, es decir, lo mismo que llevamos denunciando en Hispanidad.com desde hace más de medio año. Nunca es tarde, si la dicha es buena, porque se acerca el momento de los peces gordos.
