La noticia de que el fiscal del caso, Jesús Caballero, solicitó ayer el sobreseimiento del presunto delito social que se sigue en la Audiencia Nacional contra Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui por las indemnizaciones pagadas a estos dos últimos ha colmado la paciencia de muchos. Ahora veremos si la jueza Teresa Palacios sigue adelante o decide tirar la toalla. En estos momentos, la jueza de la Audiencia Nacional lleva el caso de las cesiones de crédito contra Emilio Botín, el banquero más poderoso de España, y el mencionado delito social. En este segundo expediente se acusa a Emilio Botín de haber pagado 110 millones de euros a Ángel Corcóstegui y 44 millones a José María Amusátegui. En otras palabras, se le acusa de haber utilizado el dinero del banco para pagar la marcha de sus dos principales competidores en la lucha por el poder.
Es igual: en ambos casos, de los que depende el futuro del banquero más importante del país, la Fiscalía se ha vuelto contra la jueza y ha intentado, una y otra vez, neutralizar las acusaciones. Especialmente sangrante resulta la actitud de los fiscales en el caso de las cesiones de crédito, dado que se trata de un delito contra la Hacienda pública, es decir, contra el Estado, es decir, contra las instituciones que esos fiscales están obligados a defender.
Pero es que hay más.
Recientemente la misma jueza Teresa Palacios, también a instancias del fiscal, decidió paralizar la denuncia presentada por un accionista del BBVA, José María Trevijano, contra el Consejo de Administración de la otra gran potencia financiera española: una de esas denuncias hace relación a la supresión del derecho de suscripción preferente para los accionistas. En otras palabras, la forma en que los poderosos, no sólo de la banca, sino también de las grandes corporaciones industriales, con la colaboración del Gobierno Aznar (y especialmente con la reforma laboral de 1998), han terminado con la única posibilidad de que el pequeño accionista obtuviera alguna rentabilidad con sus títulos durante la reciente crisis bursátil.
La acusación de Trevijano también hacía relación a que las ingentes, y carísimas, prejubilaciones de la banca se hayan realizado con cargo a reservas, es decir, con cargo al patrimonio de los accionistas, y no con cargo a las cuentas de resultados. Si resultará atinada la demanda de Trevijano en este punto que dentro de poco, en 2005, prejubilar con cargo a la cuenta de resultados será obligatorio en toda Europa, como ya lo es en Estados Unidos.
En definitiva, la Fiscalía General del Estado, que dirige, Jesús Cardenal, se ha convertido en el brazo armado del Partido Popular para proteger a los poderosos, sencillamente.
