Este martes ha tenido lugar la vista del juicio de incapacitación que se sigue contra Jesús Ayala, un hombre separado y activista en esos temas. A raíz de su separación, presentó varias denuncias, pero por sus temas personales, sino en la búsqueda de una relación más racional.
Pues bien, algunos funcionarios consideraron que padecía trastorno persecutorio e instaron su incapacitación. Una historia que comienza en el 2005. La Fiscalía de Valladolid quiere incapacitarle a pesar de que su labor profesional hasta su prejubilación ha sido la responsabilidad del examen de riesgos hipotecarios de una multinacional financiera. Los que le conocen afirman que como mucho, Ayala tiene una obsesión debido a su situación personal, que en ningún caso puede dar lugar a la incapacitación.
Pero es que además, Ayala recibió el reconocimiento del Procurador del Común (Defensor del Pueblo castellano-leonés) hace dos años. Y lo hizo porque gracias a su colaboración, la Junta de Castilla y León pudo mejorar la calidad de algunas de sus legislaciones. Por ejemplo, la Orden de Castilla la Mancha para maltrato. Antes bastaba con que una mujer se autodeclarase maltratada o que hubiera ingresado en una casa de acogida o que un médico certificase que ella se consideraba maltratada. Ahora es necesario un pronunciamiento judicial.
Lo que pasa es que las feministas se la tienen jurada. Resulta que el proceso de incapacitación comienza hace 4 años, después de que denunciara que los niños entraban en los hogares de mujeres maltratadas sin la existencia de una orden judicial previa. Los jueces y fiscales parecen mirar para otro lado, denunciaba entonces. Además, Ayala desveló el escándalo de que algunas de las casas de acogida para mujeres maltratadas no existían. En su lugar había casas abandonadas y habitadas sólo palomas. Eso sí, la subvención sí que existía. ¡Faltaría! Pues bien, a quien osa meterse con el sistema de género, palo y tentetieso. Hasta llegar a tratar de incapacitar a quien ha tenido bajo su firma varios millones de euros.
Y todo ello sin las debidas garantías del proceso. En primer lugar, porque se le juzga en Valladolid, pero él siempre ha residido en Burgos. En segundo lugar, porque la juez nunca le ha escuchado, aunque es preceptivo que se escuche al presunto incapaz. Y en tercer lugar, porque no ha tenido acceso al procedimiento que se sigue contra él ni a los dictámenes forenses. Un desatino se mire por donde se mire.
