Hay que ver por dónde nos ha salido esta mañana la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo. Según doña Gabriela, "no se puede dar ningún paso que menosprecie a las víctimas, pero éstas no deben condicionar el proceso abierto ahora".
Se supone que Bravo hace referencia a las negociaciones del anterior Gobierno de Zapatero con la banda terrorista ETA tras el anuncio del alto el fuego permanente y a la política penitenciaria llevada a cabo por el ejecutivo español del también inefable ZP.
Pero ahora, se supone que eso ha cambiado. ¿O no? Hace cinco días, el Gobierno de Rajoy aseguraba que mantendrá su política penitenciaria a pesar de las declaraciones del presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien se mostró favorable al acercamiento de los presos de ETA.
Al menos, la postura oficial del Gobierno es la expresada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha reiterado que el único camino para alcanzar beneficios penitenciarios es pedir perdón, desmarcarse de ETA, asumir las indemnizaciones a las víctimas y colaborar con la Justicia para esclarecer los "muchos delitos de sangre" que quedan por resolver.
Las declaraciones de Bravo coinciden con la detención hoy en Francia del etarra José Manuel Azkarate Ramos, 'Manu', en una operación policial de la Comisaría General de Información. Con esta detención ascienden ya a 16 los etarras apresados desde la declaración del cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista ETA.
Como cabía esperar, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por medio de su presidenta, Ángeles Pedraza, ha señalado en Servimedia que "las víctimas del terrorismo tenemos todo el derecho del mundo a opinar y a estar informadas, aunque no a condicionar". Y ha añadido que "por supuesto que lucharemos para que haya un final justo con vencedores y vencidos", en referencia a la forma en que debe darse el final de la actividad terrorista de ETA. Asimismo, la presidenta de la AVT indicó que esta desaparición de la banda etarra con vencedores y vencidos es algo que "nos debe el Estado español".
Por su parte, Voces contra el Terrorismo denunciaba en Twitter que la portavoz del CGPJ "quiere mandar a las vícimas al ostracismo, quiere que sean meros objetos de compasión".
Pero Bravo ha insistido en que "las víctimas no pueden condicionar" este proceso. ¿Qué proceso? ¿Nos hemos perdido algo respecto al Gobierno de Rajoy? ¿Está negando a las víctimas su derecho a expresarse y a pedir justicia? ¿Es Gabriela Bravo partidaria de ceder ante los etarras detenidos que no hayan pedido perdón y de otorgarles favores penitenciarios? Muchas preguntas que debería responder.José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
