Sr. Director:
Que la Justicia condene a personas corruptas es una señal de que funciona el Estado de Derecho; y si estas conductas son de políticos y autoridades, contra quiénes hasta ahora ha existido cierta impunidad, es síntoma de que nos asemejamos a países modernos y civilizados.
No podemos alegrarnos de que se condene a los políticos, pero quien la haga que la pague, sea quien sea. Hasta ahora este principio no estaba tan claro, por lo menos a la hora de llevarlo a la práctica. La actual crisis nos está ayudando a cambiar la mentalidad de que el dinero público no es de nadie, como dijera aquélla "célebre" política. Y estamos empezando a tener mayor conciencia que hay que administrarlo con diligencia y sin despilfarros. No solo meter la mano en la caja o desviar dinero público para amigos o allegados políticos es constitutivo de delito, también debería serlo la mala administración de los presupuestos.
El hecho de que 5.000 Ayuntamientos no hayan pagado puntualmente a sus proveedores, autónomos y pymes, ha supuesto que 750.000 personas, hayan tenido que perder su puesto de trabajo. Mientras tanto estas corporaciones locales han dispuesto de los fondos públicos para otros menesteres, endeudándose indebidamente, cuando no lo han dilapidado en gastos innecesarios, de difícil justificación, o con fines turbios.
Ha sido la falta de mecanismos de control del propio gasto lo que ha hecho que los administradores públicos campen por sus respetos con total impunidad. Llevamos cuatro presidentes autonómicos que han sido condenados por su actividad delictiva en la gestión con el dinero de todos los ciudadanos; de uno y otro signo: al final todos son iguales. La reciente condena al expresidente balear nos marca un listón muy alto de exigencia. Ya veremos si es el mismo que, por hechos muy parecidos, ha incurrido el yerno del Rey, o el actual presidente y su antecesor de la Junta de Andalucía, para comprobar que la justicia es igual para todos.
Javier Pereda Pereda
