El secretario de Estado le portavoz del Gobierno se vio obligado, en la mañana del martes, a escenificar el papelón de su vida. Veamos, a última hora de la tarde del lunes 2 se conocía que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) había informado en contra de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, porque atentaba contra la libre competencia. Fue una filtración del Partido Popular a distintos medios informativos, por lo que no se podía hablar de decisión oficial. Por tanto, ningún ministro del Gobierno se mostró dispuesto a salir al quite, hasta que no tengan sobre la mesa el informe oficial, a pesar de que todos lo conocen.
Por tanto, se recurrió a Moraleda, un hombre servicial en todo momento, al que la vicepresidenta De la Vega decide utilizar cuando se trata de dar la cara y esconder la palabra. Dicho de otra forma, no decir nada. Y don Fernando se acercó al morlaco con más pundonor que oficio. Así, nos recordó a todos que el TDC realiza informes no vinculantes, y que el informe, asimismo no vinculante de la Comisión Nacional de la Energía, dice lo contrario. También recordó que al PSOE no le ha dado tiempo a cambiar a los vocales del TDC, por lo que aún está controlado por la derecha, y que el informe no fue votado por unanimidad: ciertamente, lo mismo ha ocurrido con el de la CNE, sólo que al revés.
Naturalmente, Moraleda recordó a los españoles que puedan contar con que el Ejecutivo adoptará la mejor resolución para defender los intereses de consumidores y accionistas, así como lo más apropiada para la economía española, lo que ha dejado a todo el mundo muy tranquilo y satisfecho.
Mientras, el portavoz económico del Partido Popular al menos uno de ellos, Vicente Martínez Pujalte, pedía al Gobierno que prohibiera la OPA, en tanto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en nombre de los consumidores, naturalmente, alababa la decisión del TDC y su lucha por la libre competencia.
Lo único cierto es que continúan quemándose etapas. El TDC tenía hasta el 7 de enero para emitir su informe. Lo ha hecho antes, así que ahora el Gobierno cuenta con 30 días para dictar resolución, esta vez sí, definitiva. La única que vale. Sólo que Solbes anda un poco mohíno : había prometido que su decisión no se alejaría mucho de las de los órganos consultivos reguladores: ahora bien, si se aproxima a la CNE se aleja del TDC, y viceversa.
