Para el doctor Esteban Rodríguez, portavoz de Ginecólogos DAV, "la interrupción del embarazo con intención homicida es un crimen de un médico contra un inocente, sea cual sea la edad de la madre, consientan los padres o no, esté el niño en gestación sano o enfermo. Con la medida anunciada por el Sr. Gallardón no se está defendiendo el derecho a nacer vivo de todos los concebidos: sólo aspira a proteger algo más a algunos y a restaurar otro derecho violado por la Ley Aído: el de patria potestad, lo cual es insuficiente".
Además, los ginecólogos consideran que "la ley Aído debe ser derogada por violar demasiados derechos fundamentales que es necesario restaurar: el derecho a vivir, el mencionado derecho a la patria potestad, y derecho a la libertad de conciencia de unos ciudadanos vinculados por una profesión común".
En este sentido, el doctor Rodríguez señala que "es urgente una reforma de la Constitución para garantizar el derecho a vivir de toda persona concebida y no nacida, reconociéndole jurídicamente su personalidad".
Asimismo, afirma que "especial protección merecen aquellos que tendrían que nacer con el Síndrome de Down que están siendo objeto de una cacería inhumana llegando al extremo de que los jueces condenan a los médicos cada vez que uno se escapa del cribado prenatal y nace".
Mariano Tomás
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