A la citación judicial se une ahora el informe preliminar del Tribunal de Cuentas sobre la privatización de Aerolíneas, llevada a cabo por el Gobierno Aznar. Un informe demoledor. El diario Cinco Días, informaba en su edición del pasado miércoles 15, de los reparos que el Tribunal de Cuentas ponía al concurso de acreedores, que se encuentra en los tribunales tanto argentinos como españoles.
Los precitados 754 millones de dólares se dividieron en tres tramos: 300 para pagar pasivos (los que dieron lugar a la impugnación del concurso de acreedores y destaparon el caso). Otros 248 millones para renovar la flota de Aerolíneas y otros aspectos del plan industrial y los últimos 205 para pagos de pasivos postconcursales. Pues bien, el Tribunal de Cuentas afirma que Air Comet (filial de Marsans y propietaria de Interinvest, a su vez propietaria de Aerolíneas) no ha llegado a acreditar el cumplimiento del compromiso de incorporar 23 aviones a la flota existente en el plazo previsto. Esos 248 millones, según el Tribunal, se emplearon fundamentalmente en el pago de gastos de funcionamiento de Aerolíneas y Austral. El empleo de estos fondos, se justificó de acuerdo con lo previsto en el contrato mediante unas certificaciones expedidas al efecto por un auditor y que presentan notorias deficiencias para acreditar el destino de los fondos.
Llegamos al tercer tramo de dinero público español sobre el cual el Tribunal también tiene sus dudas: SEPI abonó por ajustes de balance de transferencia, otros 205 millones de dólares, que según el contrato, debían destinarse al pago de deudas o pasivos de la aerolínea, esta vez, pasivos posconcursales. Sin embargo, según el Tribunal, se emplearon fundamentalmente en costear gastos de funcionamiento de Aerolíneas, Austral e Interinvest, honorarios profesionales e incluso anticipos por suministro de combustible. De aquella cantidad, insiste el Tribunal, situada en una cuenta bloqueada, aún está pendiente de justificación la última disposición de fondos, por valor de 30 millones de dólares. Y también están pendientes de autorización otras dos entregas de 30 y 25 millones de dólares cada una. Es decir, 55 millones que, una vez el PSOE llegó al poder y ocupó la SEPI, con Enrique Martínez Robles al frente, se negó a entregar a Marsans hasta que se aclararan todos los conflictos judiciales abiertos.
