El consejero delegado de SCH tiene otro sumario pendiente en Barcelona
En 1994, el Santander se hace con el Banesto, expropiado de Mario Conde. Emilio Botín, por fin, ha conseguido su sueño de dar el salto al podio bancario español. Cinco años después, en 1999, absorbiendo al SCH, conseguiría el premio gordo: convertirse en el primer banquero del mundo, un galardón que se ha negado a abandonar desde entonces.
Para reflotar Banesto (agujero oficial de más de 3.600 millones de euros), Emilio Botín decidió ceder a bajo precio 6.125.000 acciones de Banesto si se cumplían unos objetivos, que efectivamente se cumplieron. Sin embargo, el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, considera que pudo haber delito fiscal. Sáenz se llevó el grueso de las acciones, y hasta David Arce, interventor general del Santander en aquella época, recibió su parte.
Con el Gobierno Aznar, este sumario quedó aparcado en la mesa del juez Juan del Olmo, amigo personal de Carlos Bueren, otro ex juez de
Sáenz atraviesa una mala temporada judicial, porque está a punto de marcarse fecha para otro juicio que también le afecta directamente. En septiembre, Sáenz se sentará en el banquillo para responder por el caso Olabarría. A un grupo de empresarios (Pedro Olabarría y los hermanos Romero), morosos de Banesto, el juez Pascual Estevill les encierra en la cárcel más de un mes, lo que provoca que interpongan una querella contra Estevill, contra Rafael Jiménez de Parga y contra Alfredo Sáenz y otros directivos de Banesto, como Ángel Merodio.
En conclusión, prosigue el siempre peligroso proceso de judicialización de la vida económica. El nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, está dispuesto a no dejar en el cajón ninguno de los escándalos económicos recientes, que afectan a empresarios y banqueros. E incluso a dar pábulo a acusaciones que durante el periodo Aznar habían pasado inadvertidas. Por ejemplo, las denuncias presentadas por el inversor José María Trevijano contra el BBVA por la anulación de los derechos de suscripción preferente, o la utilización de reservas en los casos de prejubilación. Incluso el fiscal general del Estado se ha interesado por la pensión de Francisco González, presidente del BBVA, que a finales del pasado año alcanzaba los 28.9 millones de euros.
Para algunos, la llegada de Zapatero al poder está reviviendo el estilo Rumasa, o golpe de fuerza de los socialistas para advertir a los poderosos del dinero quién manda. Ahora ya no valen expropiaciones, pero podemos conformarnos con una sabia utilización de los juzgados.
