El PP llevaba en su programa electoral la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Entendían los populares que no tenía mucho sentido gravar una empresa por el simple hecho de existir. La ubicación geográfica de la compañía y el sector de actividad permitían librar un impuesto que gravaba rentas supuestas, pero no declaradas.
No era muy compatible la existencia de un impuesto sobre la renta con un IAE. Pero fue el instrumento que el PSOE encontró en 1988 para propiciar la suficiencia financiera de los ayuntamientos. La propia inercia de las cosas o sea, la ausencia de coraje político- hizo que el anterior gobierno popular esperara hasta la segunda legislatura para reformar el IAE. La ley de 2002 establece la exención total para las pequeñas empresas y regula también una subvención temporal a los entes locales para compensar la minoración en sus ingresos. La reforma critica el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)- supuso una minoración de los ingresos, una incertidumbre recaudatoria y retrasos en la percepción de las compensaciones legalmente establecidas.
La cuestión quedó razonablemente resuelta. Pero desde el Ministerio de Economía se trabaja en la posibilidad de una resurrección. El Instituto de Estudios Fiscales vinculado al ministerio- considera en su documento 4/05 un error haber eliminado un impuesto que permitía un control censal de las actividades desarrolladas en el consistorio, así como un complemento de la leve fiscalidad que suele recaer sobre esas actividades. El IEF sugiere aunque no afirma- que las pymes son focos de evasión fiscal y que el IAE era un instrumento adecuado para compensar esa opacidad que dejaba en situación de desventaja fiscal al trabajador por cuenta ajena que al profesional revestido de pyme.
Además, el IEF considera que el IAE encaja perfectamente en la imposición de nuestro entorno y cita impuestos franceses, alemanes o británicos, como homologables a nuestro IAE. También favorecía las endebles arcas municipales y fomentaba la corresponsabilidad fiscal, lamenta Poveda Blanco. O sea, todo un ejemplo de impuesto, aunque también reconoce que la reforma no consiguió solventar los problemas detectados. Es decir, también generaba problemas.
El IEF llega a afirmar que la reforma del 2002 fue una reforma política realizada a impulso de los sectores afectados. O dicho de otra forma: el anterior gobierno Aznar se dejó presionar por la pyme para que eliminara este impuesto. Algo poco sostenible porque -como todo el mundo sabe- la pyme está fraccionada y desmembrada y tiene escasa capacidad de presión política. Otra cosa es que el entonces secretario de Estado de Hacienda, Cristóbal Montoro, creyera que el futuro de la creación de riqueza y empleo pasaba por la pyme, y que la mejor política que podía practicarse era no molestarla demasiado
Por el contrario, la gran empresa -que sí tenía un fluido nivel de interlocución con el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato- no consiguió librarse del impuesto de actividades económicas. Así que el argumento de que la reforma fue realizada a impulso de los sectores afectados resulta un tanto vaporoso.
El resumen del IEF es que se ha degradado un impuesto municipal sobre el que ya no existía repulsa ciudadana. Frente a esta herramienta de financiación municipal en estado cercano a la eutanasia, Economía propone varias alternativas: dejar el IAE como está, regresar al modelo anterior modificando el cuadro de exenciones, o bien plantear la supresión total buscando fórmulas alternativas que garanticen la suficiencia financiera de los ayuntamientos: impuesto inmobiliario, sobre el automóvil, etc.
Por último, el IEF propone crear un nuevo impuesto sobre la actividad económica que recupere la fiscalidad perdida sobre la actividad económica, eliminando la ambigüedad sobre el hecho imponible y gravando la verdadera capacidad económica. De esta manera se recuperaría la función censal, la autonomía municipal mediante la modulación de la cuota básica. Por último, el IEF propone la consideración de su integración parcial en el IRPF o Impuesto de Sociedades. Esta es la propuesta que Economía pretende sondear. Justo cuando se barajaba la supresión definitiva del IAE. Y es que Solbes no tiene instrumentos suficientes para atender las demandas de la administración más cercana al ciudadano.
De esta manera concluye el IEF- se evitaría que la fiscalidad inmobiliaria sea en la práctica el único factor que determine a los impuestos municipales. Al fin y al cabo, los servicios municipales no sólo se prestan a los titulares de los inmuebles.
