El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 16 cinco traspasos de competencias a la comunidad autónoma catalana. Llama la atención que los traspasos de produzcan precisamente a cinco días de celebrarse el referéndum sobre el Estatut. ¿No podían haber esperado un poco? Según la información de Administraciones Públicas, los traspasos obedecen al acuerdo de Comisión Mixta Estado-Cataluña de 29 de mayo. Aunque Sevilla sabe muy bien que se trata de una concesión pre-Estatut para tratar de generar buen rollito con el gobierno de la Generalitat.
Las competencias traspasadas son: gestión de la Formación Profesional Ocupacional, la Administración de Justicia, la Conservación de la Naturaleza, la expedición del título de gestor administrativo y diversas materias sanitarias. El coste total asciende a 4.341.663 euros, un nuevo regalo. Además de competencias, financiación. ¿Buen rollito? "En primer lugar, se ha aprobado la ampliación de los medios económicos adscritos la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, con un coste efectivo de 2.524.717 euros. Este acuerdo implica la incorporación al sistema de financiación, por una parte, del 5 por 100 de los fondos para la formación continua aprobados en Conferencia Sectorial de 31 de octubre de 2005, y, por la otra, de los medios económicos que financian la actividad de la Delegación Territorial de la Fundación Tripartita en Cataluña", señala Sevilla.
Además, el gobierno también paga la cuenta de los nuevos juzgados creados en Cataluña a lo largo del 2005. Una factura de 1.816.946,50 euros que se paga dos días antes de que la Justicia sea competencia exclusiva de la Generalitat. ¿No queríamos avanzar hacia la corresponsabilidad fiscal?
Y como Cataluña es una Nación, la finca denominada "El Lince", en Esterri dÀneu, destinada a granja cinegética para la reintroducción de determinadas especies animales, propiedad de Parques Nacionales, ha sido autonomizada. Seguirá siendo Parques Nacionales, pero de la Nación catalana.
