Tarjeta amarilla del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo el pasado viernes en el que se desestimaba el requerimiento de incompetencia planteado por la Generalidad de Cataluña en relación a los artículos 5 y 6 del Real Decreto 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado. El Gobierno entiende que el requerimiento de incompetencia no está fundado.
Se trata de uno de los primeros noes del Gobierno nacional a la filial catalana. La portavoz gubernamental, De la Vega trató de que el asunto pasara desapercibido sin ni siquiera hacer mención del mismo. Pero haberlo, haylo. Y además, menciona a la administración catalana en castellano, fórmula en claro desuso por motivos de talante.
Podría interpretarse que el no de Sevilla es una llamada de atención ante el reto territorial que Maragall trabaja para antes de verano. La locomotora está en marcha y Maragall sabe que el Estatut producirá un choque de trenes con los barones. Quizás la negativa de Sevilla rebaje un tanto el vino haciéndolo más digerible.
