El juez de familia Francisco Serrano decidió cambiar el régimen de visitas de un menor para que este pudiera salir en la "madrugá" sevillana. La madre no quería que su hijo acudiera a la procesión y el juez decidió prolongar un día y medio la estancia del niño con su padre. Serrano se basaba en el principio de que el interés del menor debe prevalecer por encima de los conflictos entre los padres.
La medida provocó una querella de la madre contra el juez, al que acusó de prevaricación. El apoyo de la Fiscal Superior de Andalucía a la querella supuso la suspensión de empleo y sueldo del magistrado. La suspensión temporal podría haberse convertido en una pena de diez años de inhabilitación en caso de que el juez fuera condenado.
Cuatro meses después, el fiscal pide la libre absolución y reconoce que no hay dolo en la conducta del titular del juzgado de Familia número 7 de Sevilla. Es probable que Serrano salga absuelto, pero el daño a su prestigio es difícilmente reversible. Además, como se pregunta otro juez víctima de la politización de la justicia, Fernando Ferrín, habrá que preguntarse por la responsabilidad de la Fiscal Superior de Andalucía, que admitió a trámite la querella entendiendo que había un posible delito para retirar la acusación en el juicio.
Ferrín recuerda que el juez de Familia puede de oficio, a instancia de cualquier pariente o del propio menor -como en este caso- acordar lo que estime oportuno en interés del menor, y sin oír a la parte contraria si la urgencia lo aconseja (artículo 158 del Código Civil).
Mariano Tomás
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