El fleco que quedaba por cerrar de la Ley de Economía Sostenible era el fondo. No hay sorpresas: 20.000 millones de euros, 10.000 aportados por el ICO y 10.000 por las entidades financieras. La vicepresidenta De la Vega dice que las entidades financieras podrán aportar, aunque en realidad quiere decir aportarán, porque, explica, ya ha sido pactado con las entidades. En realidad se trata de que sea el Estado quien aporte el 50% de la financiación y del riesgo en determinados tipos de operaciones. Siempre con devolución. Es decir, no se trata de una subvención y tampoco de un incremento de gasto público. Se trata de un instrumento financiero para agilizar el crédito en aquellas actividades modernizadoras en opinión del Gobierno.
El fondo comenzará a operar a partir del próximo mes de enero. Desde Moncloa no hay duda de que se gastará pronto y que es una buena ayuda para el sistema financiero. Eso sí, si alguna entidad desea quedarse fuera, lo puede hacer. De momento, la experiencia de la Línea ICO Ayuntamientos no ha sido exitosa, tal y como reconocía este jueves el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Vamos a ver qué pasa con este fondo destinado a actividades tan exóticas como las ciencias para el alargamiento de la edad.
