Lo de la ministra de Cultura del Gobierno español, Carmen Calvo, es muy de agradecer: se le entiende todo. Durante su intervención en el Foro de la Nueva sociedad, calvo anunció que la nueva ley del cine es un anteproyecto que verá la luz en enero del próximo año. Y bajo el sagrado principio de que la cultura no sólo tiene una rentabilidad económica, ya adelantó que el erario público seguirá siendo la base del cine español. Es más, Calvo reconoce que sin la ayuda pública el cine español no subsistiría, lo que no puede aceptarse, dado que forma parte del crecimiento cultural y espiritual de los españoles
A preguntas de Hispanidad, la ministra niega que se esté produciendo un fraude permanente en las subvenciones públicas al cine, especialmente por los grandes productores, que se dedican a comprar paquetes de entradas a los exhibidores como requisito previo para poder acceder a la subvención pública. Calvo advierte que el Gobierno no es consciente de este fraude, porque si lo fuera, lo perseguiría.
Entre los presentes en el foro se encontraba el primer ejecutivo de Sogecable, Javier Díez Polanco. Quizás animada por el necesario crecimiento espiritual de los españoles, y comentando el precitado proyecto de ley, Calvo aseguró haber comentado con Díez Polanco la necesidad de promocionar la inversión en cine de aquellos ahorradores o empresas ajenos al sector. En román paladino, que a las precitadas subvenciones habría que añadir desgravaciones fiscales. Naturalmente, este apoyo al cine con erario público que la ministra defiende como un objetivo cultural de primera línea no tiene nada que ver con el cómo. Es decir, quién y cómo se decide a dónde van a parar esas subvenciones. Desde luego, el actual sistema de ayudas beneficia clarísimamente a las grandes productoras y directores españoles, como Mediapro o a los directores Almodóvar y Amenábar, todos ellos ligados al PSOE.
