Sr. Director:
Expertos financieros y accionistas dudan de la versión del banco francés, Société Générale, al manifestar que un "broker" trabajador de la empresa y de sólo 31 años, operando en el mercado de valores ha provocado, de repente, unas pérdidas acumuladas a la compañía de 4.900 millones de euros, en lo que se ha calificado como "el mayor fraude bancario conocido de la historia de Francia".
Tengo que decir, y no me andaré con rodeos, que, sencillamente, no puedo creer que un individuo, actuando por propia iniciativa -como se ha dicho- sea capaz de ocultar los movimientos de fondos de sus transacciones (las estimaciones apuntan a un movimiento de capitales subyacente en torno a los 50.000 millones de euros), ni que las mismas o su resultado puedan realizarse sin un reflejo contable, o que escapen a las auditorías internas de la firma, o a la previa autorización de sus supervisores y, posteriormente al organismo regulador oficial. A este respecto, el Gobierno francés ha solicitado explicaciones al Banco de Francia (extrapolando el caso a nuestro país, un ejemplo simple pero esclarecedor serviría para comprender el control ejercido sobre los bancos españoles: desviaciones trascendentes o atípicas de cualquier partida de su Balance de Contabilidad o deTambién sorprende la candidez de alguien, asumiendo riesgos innecesarios en las inversiones, sobretodo pensando que -según los testimonios de los directivos de la empresa- de su actuación no se desprende el enriquecimiento personal.
En el caso que nos ocupa, además, ha trascendido un dato de especial relevancia: el beneficio del banco en el pasado ejercicio, 700 millones de euros, frente a los 5.221 del año anterior.
No parece probable, por tanto, que la merma del beneficio haya sido "pasada por alto", no sólo a los analistas internos de la compañía, sino, de igual modo, a las autoridades públicas supervisoras.
Este suceso me recuerda, por su magnitud, a lo ocurrido con Forum y Afinsa, no sólo por la cifra citada anteriormente -muy próxima al agujero patrimonial determinado para ambas compañías- sino, también, por la constatación de prácticas que "parecen" escapar a todos los controles.
Y, del mismo modo, tengo que expresar mi extrañeza ante la envergadura del presunto fraude y el desconocimiento aparente de las autoridades españolas de una actividad prolongada durante tantos años.
También dudo de la verosimilitud del desfase anunciado de antemano para las filatélicas (de comprobarse cierto, único motivo, en mi opinión, justificado para la interrupción de la actividad y de las medidas cautelares adoptadas) y que, casualmente, se corresponde exactamente con lo determinado, tras meses de trabajo posterior, en el Balance de Contabilidad confeccionado por los Administradores Concursales y la evidente valoración del patrimonio "a la baja" (como ejemplo, en el caso de Afinsa, la estimación del valor en cifras de una empresa del grupo ante su posible venta, provocó la inmediata puja, por un tercero, a un precio sensiblemente superior); o que, con motivo de la consideración de la actividad como mercantil, se hayan ingresado, durante todo el tiempo en que operaron - más de veinticinco años-, pingues beneficios al erario público en concepto de IVA (las entidades financieras, por su actividad principal, están exentas) e Impuesto de Sociedades sobre unos beneficios, según parece inexistentes.
Mientras tanto, nos quedamos con la anécdota que ha calado en la opinión pública: empresas piramidales a las que acudían incautos e ignorantes con un desmedido afán de lucro (en algún momento se explicará la particularidad de los diferentes contratos y la realidad sobre su rentabilidad).
Hay, no obstante, una plausible diferencia entre los dos contratiempos: la contundente actuación del Gobierno francés solicitando el rápido esclarecimiento del supuesto fraude, en contraposición con la dilación del caso español y la no asunción de responsabilidades por las distintas instituciones.
Antonio Pérez Gallego
mozasmo@wanadoo.es
