Según una encuesta de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (AEDEMO), el 40,4% de los inmigrantes residentes en España votarían al PSOE frente a tan sólo un 15,4% que lo haría al PP y un 1,1% que votaría a IU. El resto, un 35,4% no tendrían el voto aún definido.
Estos datos son los que han empujado al PSOE a tratar de presentar un proyecto de ley de voto inmigrante. De esta forma, se consolidaría el criterio de que efectivamente como criticaron los populares- la regularización masiva tenía como objetivo ganar el voto inmigrante. Sin embargo, existen indicios de que los inmigrantes procedentes del Este (muchos de ellos ya comunitarios) son antisocialistas por razones históricas: recién acaban de salir del comunismo.
Igualmente, los populares también prevén que los inmigrantes latinos pudieran apoyar un voto popular; al fin y al cabo, fueron el factor decisorio del triunfo de Bush en Estados Unidos. Estos datos son los que empujarían a Esperanza Aguirre a promover el voto inmigrante desde hace tiempo, aunque finalmente, el PP quedará como segundón de una propuesta cuya iniciativa ha sido socialista.
Por otra parte, conviene tener en cuenta un detalle jurídico. Ante los problemas para obtener la reciprocidad por parte de algunos países como Ecuador, el PSOE ha propuesto crear la ciudadanía iberoamericana y saltarse el criterio de reciprocidad contemplado en la Constitución. Será el Consejo de Estado quien deba resolver sobre la constitucionalidad de la norma. Y por supuesto, la declarará incompatible con la Constitución. Sólo que el informe del Consejo de Estado es preceptivo, pero no vinculante. Y además, es el Tribunal Constitucional y no el Consejo de Estado- quien debe de resolver sobre la constitucionalidad de una norma.
Pero como ha quedado abolido el recurso previo tal y como ha insistido hasta la saciedad Rajoy-, habrá que esperar a la promulgación de la ley y a que alguien proceda a presentar el oportuno recurso. ¿Algún voluntario? Los populares probablemente no se atrevan porque temen que les tachen de xenófobos como ya han hecho los socialistas a Durán por exigir a los inmigrantes el dominio del catalán. De esta forma, los socialistas consiguen colar una norma inconstitucional a sabiendas de que la norma no encaja con la Carta Magna. La voluntad política, siempre por encima de la ley.
