Varias novedades del nuevo Plan E en relación al anterior: serán 5.000 millones en lugar de 8.000 y se espera que vaya dirigido a operaciones de mayor montante y de mayor valor añadido. Por lo tanto, se creará empleo, pero no tanto, aunque más cuanatificado. El Gobierno calcula en torno a los 200.000, aunque hace algunas semanas nos se atrevió a cuantificar. Además, en lugar de abonar el 75% en la concesión, se abonará el 85%; sobre el 15% restante se está a la espera de firmar un acuerdo con la AEB y la CECA. De momento no hay acuerdo, aunque según Chaves, tenemos tiempo.
Sin embargo, la reforma sustancial es que esta vez habrá un 36% de gasto corriente. Un 20% destinado a gasto corriente social: educación, dependencia, etc. Y del 80% restante, un 20% se podrá destinar a equipamientos: ordenadores, etc. En total: un 36% de gasto corriente.
¿Y las facturas pendientes? El entorno de Chaves reconoce que la línea de 3.000 millones del ICO no está funcionando porque los ayuntamientos se niegan a reconocer la deuda. Muchas empresas están quebrando y la negociación del nuevo marco de financiación local, se retrasa. Sine die. La respuesta por parte de Moncloa es que los ayuntamientos tendrán margen porque el año que viene no tendrán que hacer frente ni a inversiones ni a gasto social. O sea, un reconocimiento implícito del parcheo de la financiación local hasta que se alcance un acuerdo. Mientras tanto, que se apañen con los 800 millones transferidos de PGE y los 1.000 millones de gasto corriente del Plan E.
