- La Audiencia Nacional excarcela a la etarra Inés Del Río.
- La AVT critica la "prisa" con la que la Audiencia Nacional ordenaba su excarcelación.
- La Defensora del Pueblo: hay organismos internacionales que ven el terrorismo con "frialdad".
El tribunal resuelve así el recurso de la etarra Inés del Río -que cometió un total de 24 asesinatos- y obliga a su excarcelación. Y lo peor es que el fallo abre la vía para la puesta en libertad de al menos otros 55 terroristas y 14 delincuentes comunes.
Las reacciones y consecuencias se suceden. La primera: esta mañana, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenaba por unanimidad la excarcelación de la etarra Inés del Río. El criterio unánime que ha defendido la Sala de lo Penal es que la sentencia de Estrasburgo es firme una vez que se ha pronunciado la Gran Sala y su resolución es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros que suscribieron el tratado por el que se dictó el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no da "ninguna elección".
Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el problema viene de lejos, porque los sucesivos gobiernos democráticos dejan pasar "demasiado tiempo" antes de elaborar el "llamado Código Penal de la democracia", que data de 1995, cuando a su juicio hubo "tiempo más que suficiente" y los Gobiernos del PSOE podían haberlo hecho con su mayoría absoluta. Y también el del PP de Aznar, ¿no, señor Fernández Díaz
Pero el enfado de la sociedad española es monumental. Porque, argumentos jurídicos aparte, lo cierto es que van a salir de la cárcel terroristas, asesinos y violadores a los que les ha salido muy barato delinquir más de una vez. Por eso, esta mañana, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), decía en twitter: "Vergüenza. Cuanta prisa se han dado: por unanimidad, la Audiencia Nacional suelta a Inés del Río. Una asesina estará en horas en la calle". "La Audiencia Nacional nunca había decidido algo tan rápido. Otros se pasan años esperando a que se juzgué a sus asesinos. Qué ganas tenían".
Mientras que la asociación Voces Contra el Terrorismo mantiene su campaña para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot y no acate la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que no es vinculante.
Esta mañana, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, manifestaba durante un desayuno informativo que su departamento "no va a poner ninguna dificultad" a la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ayer lunes condenó a España por aplicar la "doctrina Parot", si bien cada caso se analizará de forma individual.
Ha añadido que la decisión de Estrasburgo "no cuestiona en sí misma la doctrina Parot, sino la manera de aplicar retroactivamente dicha normativa jurisprudencial". Por ello, se examinará cada caso concreto de preso afectado por la aplicación de esta doctrina "para decidir si procede o no procede su aplicación". "Ni vamos a ralentizar ni a acelerar absolutamente nada", ha indicado Torres-Dulce.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha afirmado que hay organismos internacionales que todo lo relacionado con el terrorismo "lo ven con mucha distancia y frialdad".
Ningún consuelo es ese. La sociedad española está indignada, una vez más. Como cuando el Tribunal Constitucional legalizó a los proetarras de Bildu y Sortu. Y es que, la sombra de la traición de Zapatero es alargada...
José Ángel Gutiérrez
josangel@hispanidad.com
