Sr. Director:
233 ciudadanos fueron multados en Cataluña el año pasado. ¿Su gran delito? Poner en el letrero de su tienda "frutería" en vez de "fruiteria" o "carnicería" en vez de "carnisseria".

 

En definitiva, usar en su comercio el español en vez del catalán. Se trata de un ataque en toda regla contra la libertad de los ciudadanos para utilizar el idioma que libremente deseen y, además, ilegal, porque el Tribunal Constitucional ya determinó en la sentencia del Estatut que las multas lingüísticas eran inconstitucionales.

Soy partidario de que cada uno utilice la lengua que le dé la gana. Lo que hace el gobierno catalán, imponer un idioma a un ciudadano contra su voluntad y bajo amenaza de multa, es propio de una dictadura lingüística.

Antonio Peiró